El incumplimiento de garantías fue denunciado por ETA desde junio, y reiterado en diciembre

 NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: DEL 22-M AL 30-D

 

GARA |

Gobierno español y ETA se ha- bían reunido por primera vez tras el alto el fuego a finales de junio, antes de que Zapatero realizara su declaración. Con ello, el Gobierno daba públicamente por terminado el llamado «proceso de verificación» y se disponía a plasmar el llamado «punto cero». Aparentemente el calendario se mantenía, pero los contenidos pactados habían saltado ya por los aires. Las cosas habían empezado a torcerse debido al incumplimiento por la parte estatal de las garantías establecidas en el acuerdo para dar viabilidad al proceso.

Esta cita -en realidad fueron varias reuniones en días consecutivos- fue entablada a petición de ETA, ante la «gravedad de la situación». La organización armada tenía ya en esos tres meses una amplia lista de incumplimientos, que iban desde la persistencia de las detenciones al mantenimiento de la ilegalización, cuya superación de facto se había acordado antes del alto el fuego. ETA también albergaba dudas de que el Gobierno estuviera labrando el «pacto de Estado» al que se había comprometido para blindar a futuro un proceso de resolución. Y también llamó la atención sobre una entrevista de Zapatero a Catalunya Radio en la que había anticipando que con ETA «hablaré de su disolución y del futuro de sus integrantes», cuando el compromiso mutuo era que la definición de los siguientes pasos y el modo en que se iban a anunciar a la opinión pública debía ser también pactado. Los interlocutores de ETA concluyeron en la mesa que «para cualquier observador, hay una actitud saboteadora». Como únicos aspectos positivos de estos tres meses observaron la disposición del PSE a reunirse con Batasuna -expresada por Patxi López y de cuyos antecedentes dio cuenta GARA- y unas declaraciones aludiendo al derecho a decidir de la ciudadanía vasca hechas por Zapatero en un mitin en el BEC de Barakaldo.

Advertencia

La representación del Gobierno, que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE, no negó que se hubieran producido incumplimientos, pero trató de culpar a factores externos y asegurar que su voluntad de avanzar era firme. A modo de ejemplo, tildaron las detenciones producidas en esos meses de «accidente importante» que intentó justificar por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que «son instrumentos del PP». Como prueba de ello, los interlocutores estatales citarían el «disparate» del proceso contra Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna para concluir de todo ello que «hemos sido ingenuos al pensar que a raíz del 22-M las cosas iban a pasar del negro a blanco». De cualquier modo, afirmarían tajantemente que «trabajamos para que Batasuna sea legal en setiembre-octubre». Y asegurarían que tomaban como tarea pendiente el pacto de Estado con el PP.

La representación de ETA advierte ya entonces de que si se siguen incumpliendo las garantías «el proceso se para» (en julio de 2005 previno textualmente, como se publicó ayer, que en ese supuesto «el alto el fuego se rompe». Y preguntan a la parte estatal cuánto tiempo necesitaría para fijar las garantías («¿dos meses?»), sin recibir respuesta. Así que cuando a la semana siguiente Zapatero va al Congreso a anunciar el inicio del diálogo con ETA y promete informar a los grupos sobre sus resultados en setiembre, en realidad el inquilino de La Moncloa sabía que no habría reuniones con la organización hasta que se cumplieran las garantías.

De hecho, en estas reuniones de finales de junio ETA entregó a sus representantes una escueta carta personal dirigida a Zapatero en la que le indicaba que «la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».

Polémica sobre la declaración

Llegó el nuevo curso político y, efectivamente, Rubalcaba no tenía nada que contar a los grupos del Congreso. Algunos medios y portavoces políticos imputaron el parón a un intento de ETA de posponer la puesta en marcha de la negociación técnica hasta que se creara la mesa de partidos, achacándole un afán de «tutelaje», pero la información a que ha tenido acceso GARA evidencia que el bloqueo estuvo más relacionado con el incumplimiento de los compromisos ETA-Gobierno. No habría reuniones hasta finales de este mes de septiembre, y de nuevo por iniciativa de ETA. Para entonces, las vulneraciones de los acuerdos de 2005 no habían decrecido, sino al contrario.

Una de ellas afectaba a la cuestión clave del acuerdo. La esperada declaración de Zapatero en el Congreso, tres meses antes, no se había atenido, en opinión de ETA, a lo pactado, y así lo mostró en un análisis detallado del contenido. Faltaban algunas cuestiones y, en cambio, el presidente español había incluido elementos ajenos que la organización armada leyó como «puyas»; entre ellas, el establecimiento de la Constitución como tope o la ratificación de la Ley de Partidos Políticos. Por lo que respecta al resto de garantías, ETA subraya en esta reunión que siguen sin cumplirse.

La representación del Gobierno del PSOE, por su parte, ensalza el contenido del mensaje de Zapatero, tratando de presentarlo como un Downing Street, en alusión al acuerdo Londres-Dublin sobre el proceso irlandés. Sobre esta cuestión se establece otra intensa disputa. Cuando ETA recuerda que se emplearon «muchas horas» en definir cada término de la declaración y que Zapatero no lo ha cumplido, por lo que incurre en «una total falta de credibilidad», los enviados del presidente alegan que «a Batasuna le gustó mucho» la comparecencia del 29 de junio. La alusión encrespa a los delegados de la organización: «¿Qué pensáis, que somos tontos?», se llega a escuchar de boca de uno de sus representantes, que apunta que el único motivo de esa valoración positiva habría sido seguir dando impulso al proceso. El Gobierno modula entonces su discurso; reconoce que en la alocución del líder del PSOE hubo «algún lapsus», entre los que cita haber circunscrito su discurso a «Euskadi», y lo atribuye a que «lo hizo de memoria».

«ETA no dará cheque en blanco»

Pero esta vez la parte estatal trae además su propia lista de reproches. Critica los comunicados de ETA, «muy negativos», y argumenta que con ellos «la judicatura no se puede mover». Y pone sobre la mesa otros dos elementos que dan pie a intensas discusiones: por un lado, la kale borroka, de la que ETA recuerda que nunca ha formado parte de su ámbito de competencias y que en consecuencia no entra en los acuerdos según se aclaró en su momento; por otro, las cartas a empresarios, sobre las que la organización matiza que no conllevan amenazas y son simples peticiones de dinero (el Gobierno replica que la aparición del sello de ETA es ya sinónimo de amenaza). Se habla también de la presencia de miembros de ETA en el acto por los gudaris en Aritxulegi, de las maniobras del Ejército, y sobre todo de los presos enfermos, cuya excarcelación se pide como un mínimo al margen de que la cuestión global deba ser abordada en la mesa «técnica».

Reclamaciones y respuestas

El diálogo se tensa. El Ejecutivo reclama un comunicado que suponga un salto decisivo. ETA da una respuesta tajante: «Tras seis meses de incumplimientos, no vamos a dar ningún cheque en blanco». Para entonces, el desarrollo de los hechos en este espacio y en el del diálogo político alimenta la impresión de que el Gobierno intenta despolitizar el proceso y bloquearlo en cuestiones como la situación de los presos o la legalización de Batasuna. ETA advierte de que «si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica nos váis a tener enfrente otros 40 años». Y el Gobierno asegura que «no hemos pensado nunca en `paz por presos’».

Precisamente esta cuestión se pondrá sobre la mesa de forma concreta en esta cita. Son meses en los que el Gobierno paraliza su pretendida intención de iniciar un acercamiento de presos, para lo que se filtró que tenía ya un plan detallado. ETA reclama la excarcelación de los presos enfermos, con nombres y apellidos, entre ellos Iñaki de Juana; la eliminación de la llamada «doctrina Parot» utilizada para imponer cadenas perpetuas a los presos vascos; y su acercamiento a Euskal Herria. La otra parte indica que no acepta que éstas sean exigencias para avanzar, pero afirma que lo estudiará y responderá. En la conversación introduce elementos con los que trata de mostrar buena voluntad, como la alusión a la dudosa constitucionalidad de la «doctrina Parot».

La cuestión, en general, se perfila como un termómetro para medir su voluntad.

El Gobierno jugó con distintas variantes en las negociaciones de setiembre y octubre. En un momento dado afirmó que la petición fiscal ante el juicio bajaría a dos años, pero finalmente se quedó entre cuatro y trece.

Nimes:

ETA dejó claro que no admitiría que el robo de pistolas se usara como pretexto para «bloquear el proceso» o «chantajear» y puso sobre la mesa que la Policía francesa había «robado depósitos de ETA».

Redadas:

Ante la sucesión de detenciones, el Gobierno argumentó que se trataba de sumarios antiguos abiertos e imposibles de cerrar. Dijo que podía incidir en la dirección Policía-juez, pero no en la juez-Policía.

ETA al Gobierno en octubre de 2006: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?»

Si en las reuniones de junio se ponen sobre la mesa los incumplimientos de las garantías y en las de setiembre se incrementan tanto el número como el volumen de los reproches, un mes después, cuando ETA y Gobierno vuelven a reunirse, los interlocutores de la organización armada tienen una pregunta para la otra parte que resume la gravedad de la situación: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?».

El interrogante se corresponde con el agravamiento paulatino de situaciones que debían estar en cauces de solución a tenor del diálogo en la mesa de negociación, como la legalización de Batasuna (se acaba de producir la irrupción en un centenar de «herriko tabernas») o la situación de los presos, especialmente urgente en el caso de Iñaki de Juana. ETA quiere saber si «no tenéis voluntad o no tenéis capacidad», y en este último caso pide que se le diga «con quién tenemos que negociar. ¿Con Gómez Bermúdez? ¿Con la Audiencia Nacional?». Sin embargo, al mismo tiempo la organización armada insiste en que ratifica su voluntad de avanzar, y marca dos requisitos para ello: el cumplimiento de las garantías y el acuerdo político (en esos momento se están intensificando las negociaciones entre PSOE, PNV y Batasuna en Loiola, que no llegarían a acuerdo).

El Ejecutivo español también eleva el tono sustancialmente, a partir de un elemento único: el robo de cerca de 350 pistolas en una armería de Nimes. Sus representantes llegan a indicar que eso no constituye un «accidente» -según la terminología establecida en el acuerdo de 2005-, sino «la ruptura del proceso de paz», aunque no «la ruptura del proceso». Espetan a los interlocutores de la organización armada vasca que «vuestra estrategia es la de que sólo nos movemos si nos presionáis y que de lo contrario estamos parados. Estáis equivocados». Desde el otro lado de la mesa, llueven en cascada los ejemplos de vulneraciones, y se expone como conclusión que «el noventa y pico por ciento de vuestros incumplimientos fue antes del robo».

Los mediadores tratan de reconducir la reunión reclamando que no se utilice el término «ruptura», y exponen que la situación es difícil y ambas partes tienen derecho a sentirse heridas. El Gobierno redefine su mensaje y establece que «el robo ha provocado un bloqueo objetivo y no permite avanzar en el proceso». Se acuerda realizar nuevas reuniones en diciembre; por lo demás, en esta cita el Ejecutivo tampoco anuncia ninguna medida sobre los presos.

Aritxulegi:

La presencia y el mensaje de la organización fue justificada por ésta en el marco del Gudari Eguna como forma de «presentación de objetivos estratégicos». Reprochó las maniobras coincidentes del Ejército español.

Gobierno y ETA acordaron el alcance del alto el fuego y la declaración de Zapatero

Ni el alto el fuego permanente proclamado por ETA el 22 de marzo de 2006 ni la declaración efectuada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio del mismo año fueron iniciativas unilaterales. Ambas cuestiones habían sido largamente debatidas, maduradas y consensuadas por interlocutores de ambas partes entre julio y noviembre de 2005. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.

21/06/2007 0:32:00

GARA |

En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.

Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.

La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.

Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.

Propuestas y contrapropuestas

Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.

Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.

El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.

Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.

Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.

A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».

Euskal Herria en el preámbulo

Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.

Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».

Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».

Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.

Las «garantías»

Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.

Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».

ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.

Los «accidentes»

El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».

El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.

Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.

El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro.

20

fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.

Siete reuniones de propuestas y retoques para una declaración

La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.

Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».

En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.

En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.

ETA en julio: «Si incumplen las garantías, el alto el fuego se rompe»

Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.

El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.

GARA

El Gobierno se comprometió a buscar un «pacto de Estado»

Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.

Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.

GARA

Propuesta inicial del Gobierno español (julio de 2005)

«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.

Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.

Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».

PROPUESTA INTERMEDIA

«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación» (sobre el 3º)

Propuesta inicial de ETA (julio de 2005)

«El Gobierno español está de acuerdo/respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.

Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.

La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.

Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.

Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»

PROPUESTA INTERMEDIA

«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)

Acuerdo final sobre la declaración de Zapatero (ratificado por ambas partes en noviembre de 2005)

«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.

El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.

Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»

Declaración de Zapatero (junio de 2006)

«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción.

Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.

El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones.

Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular.

Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, esas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política e institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.

Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».

Gobierno-ETA y Batasuna-PSOE mantuvieron negociaciones simultáneas y en el mismo lugar en plena campaña electoral, sin que se llegara al acuerdo

Las negociaciones se dieron por concluidas en encuentros simultáneos entre el Gobierno y ETA y el PSOE y Batasuna, hace tres semanas. El motivo: la negativa a un acuerdo político. La primera consecuencia: el fin del alto el fuego.

GARA | DONOSTIA

Sendas delegaciones del Gobierno español y ETA, por un lado, y de Batasuna y PSOE, por otro, se reunieron de forma prácticamente simultánea los pasados días 14, 15 y 16 de mayo -con una última cita entre las delegaciones de los partidos el día 21- en una ciudad europea. Unos encuentros que, en todos los casos, contaron con presencia de cualificados observadores internacionales, en el último intento para desbloquear el proceso de negociación, atascado desde meses atrás, según fuentes de absoluta solvencia consultadas por GARA.

Estas fuentes confirman que la delegación de Batasuna estuvo encabezada por Arnaldo Otegi, que posteriormente resultó encarcelado de modo fulminante días después del fin del alto el fuego. Su ausencia en aquellos días, en plena campaña electoral, llamó la atención, hasta el punto de que periódicos y medios digitales se preguntaron «dónde está Arnaldo Otegi» ante su ausencia en actos públicos.

A tenor de esta información, la tentativa quedó finalmente frustrada al no producirse un compromiso político en el carril entre Batasuna y el PSOE que resolviera los nudos del conflicto, con lo que se dio por finalizada la fase de negociación abierta tras el alto el fuego y que ha conocido diferentes episodios.

Reformas estatutarias

La posición del PSOE se limitó en todo momento a plantear la opción de reformas estatutarias en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, con el máximo puesto en la posibilidad de poder constituir en el futuro un órgano común intergubernamental atendiendo a los lazos existentes entre ambas.

Las delegaciones vascas, por su parte, insistieron en la necesidad de llegar a un compromiso para la superación del conflicto, y no para su perpetua- ción. Asimismo, insistieron en que ello se debía producir gracias al esfuerzo compartido de las partes, el mismo que permitió años atrás explorar el inicio del proceso e ir dando pasos. En caso contrario, en ausencia de ese compromiso mutuo, a la izquierda abertzale sólo le quedaría la opción de seguir reivindicando que el Estado español asuma un proceso propio de democratización que acepte el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Una segunda y verdadera reforma democrática.

La permanente vulneración de las garantías y de los principios del proceso también estuvo encima de la mesa, de forma especial en la de ETA y el Gobierno. La organización armada, que se comprometió a desmantelar sus estructuras militares si el proceso se culminase, insistió en que debían desactivarse los mecanismos represivos para propiciar una situación de tregua bilateral.

Al igual que los encuentros y contactos previos a esta cita, celebrados en marzo y abril de este mismo año, el Gobierno fijó su prioridad en exigir que ETA renunciase, de forma explícita, al derecho de respuesta que la organización armada había incorporado a su alto el fuego permanente. Por contra, se negó a desactivar ninguno de los meca- nismos judiciales vigentes, ni siquiera las euroordenes u otros mecanismos de arresto, a pesar de que ello podría llevar a situaciones tan graves como la que derivó en la detención, el mes de marzo, del miembro de la delegación de la organización Jon Iurrebaso (que estaba acompañado de otro ciudadano vasco encargado de su seguridad). Estas detenciones se produjeron justo cuando se dirigían a un encuentro con los representantes del Gobierno español.

La propuesta para realizar la cita de mediados de mayo, con el formato de que ésta fuese avalada por una sustancial representación internacional, partió de ETA, después de que los contactos y reuniones habidos en marzo y abril entre ambas partes no lograsen mover posiciones, si no era en dirección contraria al proceso de diálogo. La ilegalización de la izquierda abertzale para las inminentes elecciones municipales y forales era presentada por parte española como una amenaza más que real cuando se formuló esta petición.

Consultas en Madrid

Llegado el 14 de mayo, los encuentros de los dos carriles se celebraron de forma consecutiva en el mismo lugar, en un país europeo. Se iniciaron con una reunión entre la organización armada y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que dio paso a otra entre Batasuna y el PSOE, y así sucesivamente. ETA y el Gobierno asumieron que la clave estaba en el acuerdo a alcanzar en la otra mesa, aunque la más insistente en ese sentido fue la organización armada.

Precisamente en el ámbito del acuerdo político pendiente se produjo otra vez el bloqueo, después de que la izquierda abertzale formulase la propuesta de estatuto de cuatro provincias con derecho a decisión. Tras fijar su posición en una mera reforma de las estructuras existentes, la representación guber- namental y la del PSOE pidieron ausentarse para acudir a consultar sobre la propuesta vasca a Madrid.

Los representantes españoles volvieron al lugar del encuentro y el 21 de mayo se produjo una nueva y última reunión entre el PSOE y Batasuna, pero la representación española no se movió respecto al acuerdo político, lo que puso punto y final de las negociaciones iniciadas tras la declaración de tregua de 2006 y concretadas en diferentes intentonas durante estos meses.

A los pocos días, ETA daba a conocer su decisión de dar por finalizado su alto el fuego, tal y como ya manifestó en los encuentros.

OTEGI ESTUVO ALLÍ

En esas negociaciones simultáneas, realizadas en plena campaña electoral, participó Arnaldo Otegi, a quien el Estado español encarcelaría de modo fulminante días después del final del alto el fuego de ETA.

Una comisión internacional para el carril «militar»

La iniciativa de ETA de hacer partícipes de las negociaciones a instancias de estados europeos dio paso, en el marco de estas reuniones celebradas a mediados de mayo, a una propuesta de la organización armada para la constitución, en el caso de que el proceso se desbloqueara políticamente, de una comisión internacional compuesta por esas mismas instancias para verificar el desarrollo del carril de negociación propio de ETA y el Gobierno español. Se garantizaría así el cumplimiento de compromisos de distensión, consensuados por ambas partes ya en 2005 como «garantías» para el desarrollo del proceso pero que fueron incumplidos por el Ejecutivo de Zapatero nada más producirse la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006.

Otro elemento para garantizar el proceso que ha sobrevolado los diferentes intentos negociadores ha sido el del «pacto de Estado», a cuya consecución se había comprometido el Gobierno del PSOE en ese mismo momento inicial, pero que no se ha materializado en estos quince meses.

El PSOE ha argumentado a su favor que el PP no estaba dispuesto a ello y que eso le impedía movimientos. Tras la conclusión del alto el fuego permanente, sí parece que el PSOE y el PP comienzan a entenderse, aunque la naturaleza de ese consenso sería de signo bien distinto al que debiera haber facilitado el proceso de resolución.

El PNV no estuvo al ser considerado un obstáculo

La propuesta para estos encuentros de los dos carriles, celebrados en un país europeo con el apoyo logístico y de seguridad de su Gobierno, excluía al PNV por considerar que los representantes de ese partido se habían convertido en un obstáculo para llegar a buen puerto en todos los intentos anteriores. Las negociaciones políticas entre el PNV, el PSOE y Batasuna se bloquearon en otoño del año pasado después de muchas horas de debate y los intentos por retomarlas por la izquierda abertzale con la presentación de su propuesta de estatuto a cuatro han tenido la oposición frontal de los jelkides desde que fue formulada públicamente.

El PSOE, que aceptó el planteamiento para simultanear las reuniones de los dos carriles al tratarse de un mismo proceso político, llegó a reconocer que el PNV no quería abordar la propuesta de cuatro territorios porque ello implicaba perder poder económico. De este modo, no hubo representación jelkide en las negociaciones desarrolladas en el mes de mayo y sólo la izquierda abertzale y el PSOE cruzaron sus propuestas.

Desde el mes de febrero, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, había insistido en que no se podía sentar con la izquierda abertzale y que había que clausurar el proceso político, además de augurar la probabilidad de próximos atentados de ETA. Por ello, a esta ronda se invitó únicamente a quienes sí estaban dispuestos a sentarse en la mesa.

Así fue el diálogo con ETA, por LUIS R. AIZPEOLEA 10/06/2007

Así fue el diálogo con ETA

LUIS R. AIZPEOLEA 10/06/2007

21 de junio de 2005: se inicia el diálogo con ETA en un hotel de Ginebra (Suiza). Josu Ternera acude a la cita con Eguiguren con un libro de su interlocutor bajo el brazo. El 14 de julio de 2005, 22 días después de iniciar sus conversaciones, Eguiguren y Ternera están de acuerdo: ETA anunciará un alto el fuego indefinido y permanente. En noviembre de 2005 hay una nueva ronda de reuniones en las afueras de Oslo. Los servicios secretos noruegos garantizan la seguridad. Se ratifican los acuerdos de julio.

El 21 de junio de 2005 se encontraron en el hotel Wilson de Ginebra (Suiza) el dirigente histórico de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren. Ternera acudió a la cita con un ejemplar de un libro de Eguiguren publicado cinco años antes, Los últimos españoles sin patria (y sin libertad), en cuyo prólogo apuntaba las claves para hallar una solución al terrorismo en Euskadi. Si el Gobierno estaba dispuesto a suscribir lo que decía el prólogo de su libro, le dijo Ternera, podría llegarse a un final de la violencia.

 

Eguiguren y Otegi acordaron una doble negociación: de un lado, Gobierno y ETA; de otro, mesa de partidos

La bomba de Barajas muestra que ETA apuesta por un proceso que conduzca a la soberanía de Euskadi

El trabajo lento y minucioso había comenzado en 2002, con José María Aznar en La Moncloa

Rubalcaba controla las conversaciones. Eguiguren y Otegi piensan en Etchegaray como intermediario

La base del acuerdo fija en seis meses el plazo desde el alto el fuego hasta los contactos oficiales

En julio de 2006, ETA cambia de prioridades y no quiere empezar por negociar sobre el futuro de los presos

El Gobierno pidió al Sinn Fein que intercediera ante ETA para que no volviera a la violencia

Ya se conocían. Habían coincidido en el Parlamento vasco en la legislatura anterior, antes de que Josu Ternera huyese, abandonando su escaño parlamentario para evitar el regreso a prisión. La presencia en Zúrich de Ternera, de 58 años, supuso para Eguiguren toda una garantía. Sabía que era un dirigente histórico de la antigua ETA militar, amigo de su fallecido número uno, José Miguel Beñarán, Argala, con quien participó en el atentado mortal contra el presidente franquista Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Eguiguren, algo más joven, euskaldún como Ternera, es un intelectual de izquierdas, un hombre de la universidad, que empezó a militar en el socialismo desde muy joven y llegó a ser presidente del Parlamento vasco.

Aquella cita fue el comienzo de las conversaciones entre el Gobierno y ETA que culminaron, nueve meses después, en el alto el fuego permanente de la banda, el 22 de marzo de 2006. Sin embargo, antes de que los dos negociadores se reuniesen en Suiza, hubo cuatro años de trabajo lento y delicado, muchas horas de conversaciones entre el propio Eguiguren y el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. Un laborioso esfuerzo que ETA, con la formalización del regreso al terrorismo, de anuncio del fin de su «alto el fuego permanente», arrojó por la borda el pasado martes, perdiendo así la mejor oportunidad que ha tenido nunca para acabar, de manera dialogada, y salvando la cara, con sus más de 40 años de violencia.

Ese trabajo empezó en 2002, cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. ETA mantenía aún su campaña de atentados, reiniciada en enero de 2000, tras la ruptura de la tregua de 1998. La situación política en el País Vasco era irrespirable, y no sólo por las amenazas de la banda terrorista, sino también por la agria confrontación entre los gobiernos de Aznar y de Juan José Ibarretxe.

Las conversaciones de Eguiguren y Arnaldo Otegi -que coincidieron también en la Cámara vasca y que fueron propiciadas por un amigo común, José Luis Egea, ex consejero socialista del Gobierno vasco- se iniciaron en un caserío de Elgoibar (Guipúzcoa), propiedad de un amigo del líder de Batasuna, y continuaron en Azpeitia tras descubrirlas el Centro Nacional de Inteligencia. Todavía eran los tiempos de Aznar. Lo primero que se hizo en aquellas conversaciones preliminares fue un análisis de los fracasos de las treguas anteriores de ETA.

Aquellos contactos se producían mientras en Irlanda del Norte avanzaban las negociaciones que culminarían este mismo año con el Sinn Fein de Gerry Adams y sus enemigos irreconciliables, los extremistas protestantes del reverendo Ian Paisley, compartiendo gobierno. Aunque a Otegi y Eguiguren les servía de estímulo la buena marcha que habían tomado las negociaciones en Irlanda del Norte, a raíz del acuerdo de Stormont de 1998, el dirigente socialista nunca fue partidario de utilizar el Ulster como referente. Prefería remitirse a modelos históricos más cercanos. Eguiguren es un profesor especializado en historia. No le costó entenderse con Otegi sobre esa base.

La doble negociación

Sin embargo, la clave que permitió avanzar fue el análisis crítico que los dos interlocutores hicieron de los procesos de paz fallidos y las conclusiones a las que llegaron. El prólogo del libro de Eguiguren, que Josu Ternera llevaría años después a su primera cita en Ginebra, ya avanza la necesidad de separar en Euskadi el proceso de paz y el político. Su mezcla había sido la clave del fracaso de las conversaciones de Argel de 1989, el primer intento de envergadura por lograr el final de ETA por la vía del diálogo.

El Gobierno de Felipe González dejó entonces claro a ETA que no estaba dispuesto a mantener una negociación política con una banda armada. Tenía una base de apoyo, el Pacto de Ajuria Enea, de enero de 1988, que permitía al Gobierno negociar una solución para los presos de ETA a cambio del cese de la violencia, pero no cuestiones políticas que corresponden a los partidos. A ese compromiso se remitió el Ejecutivo para rechazar las pretensiones de ETA, que rompió la tregua a los dos meses de declararla.

Eguiguren y Otegi, a la vista del error del pasado, coincidieron en abrir una doble negociación separada. Gobierno y ETA abordarían la negociación sobre la base de canjear paz por presos y los partidos vascos decidirían, en una segunda mesa, el futuro político de Euskadi. La necesidad de reformar el Estatuto de Gernika, defendida por todas las formaciones vascas, a excepción del PP, ofrecía la oportunidad de incorporar a Batasuna al juego político. Antes tenía que recuperar la legalidad.

La llamada del cardenal

Llegados a ese punto, Eguiguren y Otegi comprendieron que su trabajo había llegado a un límite. Creían que debían ser el Gobierno y ETA quienes les relevasen. Eguiguren se había limitado a informar de sus gestiones a Patxi López, secretario general del PSE. Ante la proximidad de las elecciones generales de marzo de 2004, decidieron esperar a los resultados. Fue en esas fechas, muy poco antes de los comicios, cuando el PSE notificó al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el resultado de las conversaciones con Batasuna.

Una vez celebradas las elecciones, Zapatero, investido presidente del Gobierno, decidió que fuese el nuevo portavoz socialista en el Congreso (y hoy ministro del Interior), Alfredo Pérez Rubalcaba, quien controlase las conversaciones. ETA llevaba por entonces un año sin matar.

A su vez, Eguiguren y Otegi se habían planteado la necesidad de encontrar un intermediario que facilitase la relación entre el Gobierno y ETA. Pensaron en el cardenal vasco-francés residente en el Vaticano Roger Etchegaray. Eguiguren contactó con él a través de François Maitia, por entonces concejal del Partido Socialista Francés (PSF) en una pedanía de Saint Jean Pied de Port, hoy vicepresidente del Consejo de Las Landas, y amigo común de los dos negociadores.

El cardenal llamó por teléfono a Eguiguren y se citaron en Roma el 22 de mayo de 2004, el mismo día que el Príncipe Felipe y Leticia Ortiz se casaron en Madrid. Desafortunadamente, Etchegaray rechazó la petición, con el argumento de que el Vaticano no podía comprometerse en un asunto de esta naturaleza.

ETA escribe al Gobierno

A principios de agosto de 2004, ETA envió una carta oficial al Gobierno (ya habían llegado los socialistas al poder) a través de un peculiar canal, que comenzaba en un cura vasco-francés y continuaba por intermediarios, llegaba hasta Eguiguren y, por medio de éste, hasta el Ejecutivo. La carta de ETA, firmada por la banda y con su sello de la serpiente y el hacha, proponía «establecer vías de comunicación para resolver el conflicto». El Gobierno tardó tiempo en responder a ETA. Pero Zapatero dio el visto bueno, animado, sin duda, por el primer ministro británico, Tony Blair, que, basado en su experiencia irlandesa, defendía el establecimiento de un canal de comunicación con la banda terrorista.

Paralelamente, Batasuna exteriorizó las conclusiones de las conversaciones mantenidas con el PSE en la Asamblea de Anoeta, en San Sebastián, en noviembre de 2004. Allí Otegi propuso la doble mesa y que, en la de carácter político, ETA asumiera que Batasuna le representase. También proclamó la necesidad de que en el futuro político de Euskadi participasen los partidos no nacionalistas, que quedaron excluidos del pacto de Lizarra, surgido al calor de la tregua de ETA de 1998. Y propuso que ETA negociase con el Gobierno, en otra mesa «técnica», la salida de los presos a cambio de la paz.

También se publicó por entonces la carta de varios militantes de ETA encarcelados que encabezaba el que fue líder de la banda en los años ochenta, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y en la que se quejaban de la orientación de ETA y le animaban a un final dialogado con el Gobierno.

Dos meses después, en enero de 2005, Otegi, como portavoz de Batasuna, escenificó la nueva situación con el envío de una carta a Zapatero, que antes mostró a Eguiguren, en la que le pedía que encabezase el esfuerzo para llegar a un final dialogado de la violencia. Zapatero respondió al día siguiente, en un mitin en el Kursaal de San Sebastián, que estaba dispuesto al diálogo si se daban las condiciones necesarias.

Los expertos de Ginebra

Paralelamente, el Gobierno y ETA aprobaban la participación en el proceso en ciernes de un organismo mediador, el Centro de Diálogo Henri Dunant, radicado en Ginebra (Suiza) y con una amplia experiencia en conflictos armados. Sus miembros son de diversas nacionalidades y muchos de ellos excedentes de la ONU. La tragedia del tsunami en diciembre de 2004, obligó al centro a dirigir sus esfuerzos a los países asiáticos, afectados por el maremoto, y eso retrasó los contactos durante meses. Pero tras alguna tentativa fallida, el Centro de Diálogo fijó para junio la cita a la que acuden Eguiguren, en nombre del Gobierno, y Josu Ternera, por parte de ETA. El primero llevaba un aval parlamentario. Un mes antes, en mayo de 2005, el Congreso había votado una resolución, con el único pronunciamiento negativo del PP, en la que se comprometía a dialogar con ETA si ésta daba muestras inequívocas de dejar la violencia, con la condición de que las cuestiones políticas las resolvieran los partidos. ETA llevaba ya dos años sin matar.

La primera cita

La cita tuvo lugar en Ginebra el 21 de junio de 2005. Un día sí y otro no se reunieron en presencia de representantes del Centro de Diálogo. Ternera garantizó a Eguiguren que representaba a ETA y que se alegraba de que la interlocución fuera política y no policial, porque había tenido «malas experiencias» en el pasado. Las conversaciones se iniciaron con largas exposiciones sobre cómo entendía cada uno la historia de Euskadi, su situación política y las salidas a la violencia. La diferencia con procesos anteriores consistía en que se apreciaba una mayor voluntad política por parte de ETA de comprometerse y, además, partía de un procedimiento ya empleado con anterioridad: la separación entre la negociación política y la de los presos. Eguiguren se mantenía en estrecho contacto telefónico con Rubalcaba.

El 14 de julio, 22 días después de iniciado el diálogo, se alcanzó un acuerdo de principio: ETA anunciaría un alto el fuego indefinido y permanente. Las bases de ese compromiso, que se recogerían en el comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 y en la declaración institucional del presidente del Gobierno, que inicialmente estaba previsto que se realizara seis meses después del comunicado etarra, no hacían referencia ni al derecho de autodeterminación ni a Navarra, clásicas reivindicaciones de ETA y de la izquierda abertzale. Se limitaban a señalar que se respetarían las decisiones que sobre su futuro tomase libremente la ciudadanía vasca en ausencia de violencia. También señalaban que las adoptarían los partidos a través de los procedimientos legales y teniendo en cuenta la pluralidad de la sociedad vasca. Finalmente, recogían la clave de la resolución parlamentaria de mayo de 2005: el Gobierno dialogaría con ETA si se producen señales inequívocas del cese de la violencia, y aclaraba que el Ejecutivo no pagaría precio político alguno por la paz.

Las bases del acuerdo, del que fueron notarios los funcionarios del Centro de Diálogo, fijaban en seis meses como máximo el plazo entre la declaración de alto el fuego y la celebración de contactos oficiales entre el Gobierno y ETA. Ese tiempo lo utilizaría el Gobierno para verificar que no había chantajes de ETA ni actos de kale borroka. También señalaba que, si cesaba realmente la actividad de ETA, se relajaría la actividad policial y que Batasuna se acogería a la legalidad, permaneciendo vigente la Ley de Partidos. Finalmente, no sucedió ni lo uno ni lo otro.

Se fijó, asimismo, un protocolo de reuniones, a propuesta del Centro de Diálogo, sobre el número de interlocutores, de asesores y de observadores, así como la constitución de un comité de verificación. La tanda de reuniones culminó con el compromiso de un reencuentro, una vez que Eguiguren y Josu Ternera, hicieran consultas. Zapatero informó a Rajoy durante el verano de la existencia de estos contactos y de la proximidad del alto el fuego.

Reuniones en Oslo

Entre el 3 y el 12 de noviembre se produjo una segunda tanda de reuniones en una residencia en las afueras de Oslo (Noruega), también a través del Centro de Diálogo, en la que se ratificó el acuerdo de julio. Los servicios secretos noruegos se encargaron de la seguridad y de los movimientos de las delegaciones. Ternera fue acompañado por otro dirigente veterano de ETA.

Las sesiones de Oslo se celebraron también en días alternos y, a instancias de la representación del Gobierno, se eliminó la expresión «tregua indefinida» por considerarla «quemada». Se dejó «permanente», el mismo término que el IRA utilizó en su alto el fuego. Ternera introdujo, también, algunos matices a las bases del acuerdo.

Se declara la tregua

El último día del año 2005 se produjo un último encuentro entre Eguiguren y Ternera en Ginebra. El dirigente etarra comunicó al socialista que, a partir de las seis semanas siguientes, ETA haría público el alto el fuego permanente. Tardó un mes más. Ocurrió, finalmente, el 22 de marzo de 2006. Fue la tercera tregua de ETA de envergadura y provocó una gran euforia, porque parecía la definitiva. Se sustentaba en bases más sólidas que las anteriores, venía precedida de tres años sin muertos y contaba con un contexto político muy favorable. Desaparecido el IRA de la escena europea, sólo quedaba ETA practicando el terrorismo en una competencia imposible con los islamistas de Al Qaeda, y el nivel de rechazo de la violencia no sólo en la sociedad española sino en la vasca era absoluto.

ETA se ajustó en su comunicado, del 22 de marzo de 2006, a lo que Ternera se había comprometido en las conversaciones de Ginebra y Oslo. El Gobierno no esperó seis meses para hacer su declaración institucional en la que abría oficialmente el diálogo con ETA. Zapatero la materializó en el Congreso el 29 de junio. La declaración institucional gustó a Otegi, pero no a ETA, que interpretó que Zapatero soslayó la cuestión de Navarra.

Zapatero pretendía aprovechar el verano para iniciar las conversaciones de la mesa técnica, entre el Gobierno y ETA, y poner en marcha el compromiso de paz por presos. Había preparado un plan preciso de acercamientos e incluso de excarcelaciones de etarras.

En julio, poco después de la declaración del presidente, se produjo una comunicación entre el Gobierno y ETA. La representación de la banda no quiso empezar la negociación de paz por presos. Exigió que antes se reunieran los partidos para configurar la segunda mesa, la política. Esta exigencia, además de cambiar las prioridades del calendario, planteaba la necesidad urgente de que Batasuna fuese legalizada.

Batasuna no quería acogerse a la Ley de Partidos, cuya vigencia estaba en las bases del acuerdo. El clima se hallaba enrarecido entre los militantes de Batasuna porque el juez Fernando Grande Marlaska había practicado detenciones de dirigentes de Batasuna, en los primeros días del alto el fuego, acogiéndose a la vía penal, y los sectores más radicales empezaron a recuperar influencia. Marlaska había redactado un auto en enero -en el breve paréntesis entre el acuerdo de bases y la declaración de alto el fuego- por el que prorrogaba por dos años la ilegalidad de Batasuna, con lo que dejaba en papel mojado la posibilidad de que esta formación funcionase sin dificultades. Finalmente, Batasuna, presionada por sus bases, no se acogió en el verano a la Ley de Partidos y continuó en la ilegalidad.

Para superar el bloqueo, una representación del PSE se reunió en julio con otra de Batasuna, de manera oficial. No bastó a ETA. En agosto dio su primer aviso con un comunicado. Consideraba que el proceso estaba en «crisis» y lo atribuía a que los partidos no habían puesto en funcionamiento la mesa.

El Gobierno, pese al cambio de calendario, decidió seguir. Con la puesta en marcha de las conversaciones entre partidos, irrumpió en la escena el PNV. Su líder, Josu Jon Imaz, no tenía claro que se alterase la hoja de ruta y que el debate político se pusiera por delante. No obstante, accedió ante la obstinación de Batasuna. En ese momento, en septiembre, PNV, PSE y Batasuna iniciaron contactos secretos -al ser ilegal la formación abertzale– para avanzar en la constitución de la mesa de partidos. Tras una reunión tripartita en Loyola (Guipúzcoa) llegaron a un borrador de acuerdo. Batasuna pidió consultarlo pero, en una reunión posterior, sus representantes -Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria- rechazaron el borrador y elevaron el listón al pretender aprobar un órgano común de Navarra y Euskadi, con capacidad legislativa, en el plazo de dos años. El PNV y el PSE se plantaron y las conversaciones encallaron. Es el 10 de noviembre. Con ello se enterró también el proyecto de presentar la mesa de partidos en el marco de una Conferencia de Paz en San Sebastián que se iba a celebrar en diciembre.

El proceso encalla

Con el proceso encallado y con ETA manteniendo brotes de violencia -además de relanzar la kale borroka, a fines de octubre la banda robó 350 pistolas en el sur de Francia-, se celebró el último encuentro entre enviados del Gobierno y la banda, a mediados de diciembre.

A esa reunión ya no acudió Ternera. Le relevaron dos militantes más jóvenes. Entre ellos no estaba Txeroki, cuyo papel real en ETA, según fuentes del proceso, es inferior al de jefe del aparato militar que le atribuyen informaciones policiales. La representación gubernamental la tuvieron Eguiguren y un ex ministro del Gobierno de Felipe González. ETA presentó un planteamiento político global -con Navarra y el derecho a la autodeterminación- que la delegación gubernamental rechazó de plano. La banda, no sólo cambió el calendario, sino que tuteló políticamente a Batasuna. Pese a todo, se comprometió a no romper el proceso. Tardó 15 días en faltar a su promesa. El 30 de diciembre, colocó una bomba en Barajas, que costó la vida a los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

El comunicado reivindicativo del atentado, en el que decía que no pretendía causar víctimas, daba su versión sobre la reunión de diciembre: «En lugar de acordar las bases de un nuevo marco político que traiga la superación del conflicto y que reconozca los derechos de Euskal Herria, [el Gobierno] ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad».

Aunque el proceso terminó el 30 de diciembre, su deterioro se inició en julio, con el cambio del calendario por parte de ETA. ¿Por qué lo alteró? ¿Por qué no asumió su compromiso de ceder la política a Batasuna, acordado en las conversaciones previas?

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dio su explicación un mes antes de que ETA pusiera la bomba en Barajas. «La crisis obedece a la resistencia de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi y, en el fondo, a un vértigo y miedo a hacer política por la izquierda radical sin el tutelaje de las armas».

Imaz interpretaba que «la percepción de sectores de Batasuna, tras el alto el fuego, ha sido de debilidad social y política mayor que la prevista» pues «la capacidad de movilización que mostró en el alto el fuego de 1998 queda muy lejos». Y la constatación de su soledad en las reuniones de partidos, en las que no pudo imponer sus planes soberanistas al no apoyarle el PNV.

Bomba en Barajas

La bomba de Barajas y la consiguiente ruptura del proceso ya puso de manifiesto que, desde julio, ETA apostaba por un proceso que condujese a la soberanía de Euskadi mientras el Gobierno quiso un proceso de fin de la violencia, con la incorporación de la izquierda abertzale a la política. Fueron dos visiones distintas de un mismo proceso.

En los cinco meses que han transcurrido desde la ruptura del proceso hasta su formalización, con el comunicado de ETA del 5 de junio, la banda ha tratado de ganar «legitimidad» ante sus bases, sorprendidas por el atentado de Barajas. Su gran baza ha sido, según dice el comunicado del 5 de junio, «la falta de libertad en las elecciones» por la eliminación por los tribunales de todas las listas de Batasuna y la mitad de las de ANV. Pero, junto a ello, ha reconocido, sin tapujos, que su objetivo en el proceso eran la independencia y la constitución de una Euskadi con los siete territorios (las tres provincias vascas españolas, las tres francesas y Navarra).

Batasuna, después de Barajas, mantuvo tres reuniones con el PNV en las que planteó un referéndum sobre Euskadi y Navarra para 2010 en el que el Partido Socialista de Navarra (PSN) hiciera campaña a favor. El PNV no lo aceptó.

El Gobierno, a su vez, cortó el proceso de diálogo con ETA con el atentado de Barajas. Sólo le cabía la remota esperanza de que una reacción de Batasuna forzara a ETA a reconocer su «equivocación» y abandonar la violencia. Pero, fuera de algunos gestos tímidos de dirigentes de Batasuna como Otegi, no hubo tal.

No obstante, el Gobierno sí utilizó el cauce del Centro de Diálogo para saber las intenciones de ETA, tras el atentado del 30 de diciembre. E incluso pidió al Sinn Feinn que reclamara a ETA el abandono de la violencia. No sirvió de nada. Los gestos realizados por el Gobierno estos meses, tan criticados por el PP, como el traslado del etarra Iñaki De Juana al hospital de San Sebastián y la aceptación de la mitad de las listas de ANV para las elecciones municipales, no tuvieron como objetivo «contentar a ETA». El Ejecutivo ya tenía información de que eran inútiles desde esa perspectiva. Los hizo, sobre todo, para no ofrecer argumentos victimistas al entorno etarra. Y lo que terminó de convencer al Ejecutivo de que ETA iba a formalizar su ruptura fue la publicación en Gara, durante la campaña electoral, de la versión de Batasuna de las conversaciones previas al alto el fuego.En diciembre de 2006, ETA aparta a Ternera y plantea los temas de Navarra

y la autodeterminación. Y el día 30 llega el atentado de la T-4 de Barajas.

PSOE y Batasuna pusieron fecha al acuerdo resolutivo

La próxima semana se cumplirá un año desde que los interlocutores del PSOE y la izquierda abertzale celebraron una reunión crucial y que abría perspectivas de dar un salto definitivo hacia la negociación política para la resolución del conflicto. En ella, el PSOE aceptó iniciar la fase de conversaciones oficiales con Batasuna superando la política de exclusión, tratar de incorporar al PSN a este proceso de negociación y cerrar un acuerdo político resolutivo antes del 31 de julio, que daría paso a la mesa de partidos en octubre. Ha pasado casi un año sin llegar siquiera al primer punto.

Ramón SOLA |

En la noche del 30 de mayo del pasado año, entrevistado en el programa «Ganbara» de Radio Euskadi, el secretario general del PSE, Patxi López, lanzaba un doble anuncio que abría ilusionantes perspectivas de desbloquear la primera crisis sobrevenida tras el alto el fuego de ETA y avanzar hacia la resolución del conflicto. Para sorpresa de muchos oyentes, aquella noche López admitía por un lado que «es necesario pasar de los contactos actuales a una fase de negociaciones» y, junto a ello, revelaba su intención de mantener en próximas fechas una reunión «con la izquierda abertzale, cuya apuesta por la apertura de un nuevo ciclo político valoramos y reconocemos». El líder del PSE la calificaba en esa entrevista de «interlocutor necesario».

Aquella declaración no era fruto de una decisión unilateral del PSOE, según ha podido constatar GARA. Un día antes, sus interlocutores y los de la izquierda abertzale se reunieron, como habían hecho en secreto durante unas 25 ocasiones antes del alto el fuego y de modo más intenso en los meses de abril y mayo. La representación independentista acudió a aquel contacto con una nueva espada de Damocles sobre su cabeza: la citación en la Audiencia Nacional por actividades políticas a ocho mahaikides, que venía a suceder al encarcelamiento de Arnaldo Otegi por segunda vez pocas semanas antes y a la constante prohibición de actos. En una situación de «evidente crisis», Batasuna planteó al PSOE que resultaba necesario que diera «pasos significativos para que el proceso no fuera cuesta abajo». Le presentó incluso una propuesta escrita, a la que ha tenido acceso GARA, y que desembocó en un punto de encuentro. Este acuerdo para el desbloqueo incluía varios puntos que López explicitó aquella noche en «Ganbara».

Julio y octubre

La «propuesta de acuerdo para la recuperación de la confianza» presentada por Batasuna en esa cita del 29 de mayo y que concluyó en el mencionado consenso constaba de seis puntos. El último era el más trascendental: la izquierda abertzale planteaba al PSOE «el cierre del acuerdo político para la resolución del conflicto antes del 31 de julio».

Lo que se reclamaba era un compromiso que pusiera en marcha una dinámica de diálogo multilateral (la mesa de partidos), de modo que ésta terminara de dar forma y concreción al acuerdo resolutivo final. Batasuna proponía que este «preacuerdo» a firmar antes del 31 de julio debía contemplar en primer lugar un pacto de bases en torno a las cuestiones nucleares del conflicto (según el guión presentado por Batasuna a PNV y PSOE y que GARA publicó en su integridad el pasado día 18); un segundo acuerdo sobre el esquema general y el calendario del proceso; y, en tercer lugar, un esquema general también consensuado sobre el futuro acuerdo. Arnaldo Otegi y sus compañeros de interlocución añadían dos detalles finales: el acuerdo debería ser suscrito por PSE, PSN y Batasuna, y la mesa o foro de diálogo podría constituirse en el mes de octubre.

Sobre esta propuesta de base, en esa reunión secreta del 29 de mayo tanto el PSOE como Batasuna aceptaron llegar al acuerdo político en el plazo fijado. Sólo quedaban dos meses para ello, pero cabe recordar que ambas partes llevaban entonces cerca de seis años cruzando diagnósticos y propuestas, sobre la base de la aceptación de la necesidad de un acuerdo político por parte del PSOE hecha ya en el año 2002 y con el reciente alto el fuego permanente de ETA como elemento catalizador.

Los interlocutores del partido de José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López admitieron entre otras cosas que el acuerdo fuera negociado con Batasuna tanto por el PSE como por el PSN. Y dieron por bueno también que la mesa se constituyera en el mes de octubre.

López no fue tan lejos, lógicamente, en la entrevista a Radio Euskadi. Pero sí lanzó mensajes novedosos y más nítidos que nunca hasta entonces, que se correspondían con el acuerdo alcanzado un día antes. «Estimamos que es necesario pasar de los contactos actualmente existentes a una fase de negociaciones incluyentes tendentes a construir un proceso de diálogo multipartito en Euskadi que permita ampliar los consensos políticos», dijo López antes de añadir que «trabajaremos para hacer viable el diálogo político en los próximos meses».

La exigencia de legalización

Pero el fruto más visible de ese pacto secreto en los días posteriores sería otra imagen: la reunión mantenida en un hotel de Donostia el 6 de julio por Patxi López y Rodolfo Ares, a un lado de la mesa, y Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, a otro. Por primera vez con cámaras, muchas cámaras, delante.

La reunión, en coherencia con el punto de encuentro alcanzado, debería ser el punto de partida del proceso de negociación política sin exclusiones. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior Patxi López trató de reducir su alcance afirmando que sólo habían acudido a exigir a la izquierda abertzale que se legalizara y añadiendo incluso que no habría más reuniones si no hacía tal cosa. El líder del PSE ya había incluido en la entrevista del 30 de mayo una «invitación» a Batasuna «a plantear iniciativas tendentes a recuperar su condición de fuerza legal» argumentando que «con ello quedaría despejado el camino para avanzar en la concrecion de los ámbitos de diálogo».

De esta cuestión se había hablado efectivamente también en la reunión del día 29, a demanda de la representación del PSOE, que reclamó que la izquierda abertzale diera este paso «cuanto antes, en verano mismo». Sus representantes pidieron que el procedimiento se concretara, pero finalmente quedó en el aire.

Las dilaciones

Batasuna no ocultaba el temor de que éste fuera un nuevo argumento destinado a dilatar el inicio del diálogo multipartito resolutivo, después de que en esos primeros meses posteriores al alto el fuego se hubieran usado y «quemado» ya otros como la supuesta necesidad de «verificación» de la iniciativa de ETA o el criterio de «primero la paz y luego la política», esgrimido con reiteración también desde el PNV aunque finalmente desestimado por Zapatero.

El presidente del Gobierno español aparcó este criterio precisamente el día después de que Patxi López anunciara ese salto en el proceso que incluía aparentemente la normalización de las relaciones con la izquierda abertzale.

Fue en el marco del llamado Debate sobre el Estado de la Nación, que en su primera jornada, el 30 de mayo, había transcurrido sin novedades. El día 31, sin embargo, Zapatero explicó por primera vez desde la tribuna que «no haber llegado a la paz no impide que el diálogo político empiece», lo que superaba el argumento anterior de «primero la paz, luego la política». Esta afirmación desconcertó incluso al diputado Josu Erkoreka, cuyo partido, el PNV, había liderado este argumento. Lo volvería a retomar meses después.

Justo un mes más tarde, en una sala del Congreso de los Diputados Zapatero daba también por finalizado el llamado periodo de verificación. Además de anunciar el inicio del diálogo con ETA, lanzaba algunas frases que se escucharon con interés en Euskal Herria entre quienes apuestan por el diálogo político resolutivo. Por ejemplo, ésta: «Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales… deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportunos. Y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales».

Los incumplimientos

Visto con perspectiva, se puede concluir que de los acuerdos alcanzados en la reunión del 29 de mayo prácticamente sólo dos se cumplieron: la declaración de López vía radiofónica y la realización de la reunión pública del 6 de julio. Se llevó a cabo, como había planteado la izquierda abertzale, en el marco de los diez días posteriores a la esperada comparecencia de Zapatero en el Congreso. El camino a la negociación política multipartita y la resolución del conflicto parecía entonces más despejado que nunca.

Entre ese 6 de julio y el 31 del mismo mes -fecha tope consensuada-, no habría avances significativos. El PSOE derivó el debate hacia la exigencia de que la izquierda abertzale se legalizara, lo que para Batasuna suponía otro intento de despolitizar el proceso y tratar de reducirlo a una cuestión de tipo «técnico».

En paralelo, quedaron incumplidos totalmente los compromisos relativos al PSN. No habría reunión alguna entre representantes de este partido y de la izquierda abertzale.

Además, agotado ya julio, en agosto volverían a producirse citaciones a mahaikides con ocasión de la habitual manifestación previa a la Aste Nagusia de Donostia.

Los negociadores de la izquierda abertzale volverían a verse obligados a salir a la palestra, pero para hablar ahora por vez primera en términos como «crisis» y «bloqueo».

EN PRIVADO

En la reunión del 29 de mayo, sin cámaras, el PSOE aceptó cerrar un acuerdo a partir del guión político de Batasuna, poner la mesa de partidos en marcha en el mes de octubre y tratar de incorporar al diálogo al PSN.

EN Público

Un día después, Patxi López admitió que esta formación era «un interlocutor necesario», pero tras la reunión del 6 de julio dijo que sólo se había entrevistado con Batasuna para exigirle que se legalizara.

22 DE MARZO

Tras el alto el fuego, Zapatero afirma que «la democracia siempre sabe resolver hasta los problemas más difíciles». Pero abre un periodo de «verificación».

29 de marzo

El interlocutor de Batasuna Arnaldo Otegi es encarcelado y se le impone una fianza de 250.000 euros. Se suceden las citaciones a «mahaikides».

4 de mayo

Tras una reunión pública entre Zapatero y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se patenta el concepto de «primero la paz, luego la política», para distanciar la mesa.

29 de MAYO

Reunión secreta PSE-Batasuna. Se acuerda alcanzar un acuerdo antes del 31 de julio. Zapatero admite que cabe compatibilizar el proceso político y el de pacificación.

6 de julio

Reunión pública entre PSE y Batasuna, que debe servir para normalizar la relación. López afirma a la salida que han acudido sólo a exigir a Batasuna que se legalice.

31 de julio

El plazo previsto para el acuerdo que ponga en marcha la mesa concluye sin novedad. El PSE argumenta que es periodo vacacional. El PSN sigue sin sumarse al diálogo.

Contenido de la reunión PSOE-Batasuna del 29 de mayo

1. Declaración pública y oficial del PSE antes del 31 de mayo: Se estableció que su secretario general, Patxi López, la materializara a través de una entrevista radiofónica. Fue el día 30 de mayo, cuando anunció la reunión con la izquierda abertzale y el compromiso de pasar de las conversaciones a las negociaciones para formar la mesa de partidos.

2. Declaraciones del PSN: El PSE se comprometió a intentar que el secretario general del PSN, Carlos Chivite, hiciera una declaración pública valorando positivamente la actitud del PSE y citando la necesidad de dar pasos en este terreno.

3. Encuentro y comparecencia pública PSE-Batasuna: Las dos partes aceptaron acordar previamente las características de la reunión y el contenido de las declaraciones posteriores.

4. Inicio de la fase de conversaciones oficiales PSN-Batasuna: Se consensuó que en una primera fase se realizaran sin darles proyección pública.

5. Cierre del acuerdo político para la resolución del conflicto antes del 31 de julio: Ambas partes mostraron su conformidad con esta fecha límite. Se comprometieron además a pactar el desarrollo y el calendario del proceso y el esquema general del acuerdo. Y dieron por buena la fecha de octubre para la puesta en marcha de la mesa de partidos.

6. Legalización de Batasuna: El PSOE defendió como imprescindible la inclusión de este punto. Reclamó que la izquierda abertzale actuara para ello cuanto antes, en verano mismo. Pidió una concreción, pero no hubo tal.

El PSN ni se ha reunido con Batasuna ni tuvo representantes en los contactos con el PSOE

El proceso de diálogo político prolongado y fluido entre representantes de Batasuna y del PSOE -a través de miembros del PSE- no ha tenido reflejo en Nafarroa. Pese a que la cuestión estuvo sobre la mesa en la reunión del 29 de mayo y se lograron acuerdos compromisos para iniciar conversaciones discretas, GARA ha constatado que no sólo no se ha realizado ninguna reunión con el PSN, sino que este partido nunca ha tenido representante alguno en las decenas de reuniones bilaterales entre ambas formaciones.

Esta actitud parece dar pistas de las reticencias del PSOE a abordar la cuestión central de la territorialidad, vetando para ello incluso la vía del diálogo. Significativamente, al otro lado del Bidasoa los dirigentes vascos del PS no han tenido reparo en hablar con la formación abertzale o en reivindicar públicamente el diálogo multipartito. A modo de ejemplo, el mismo día en que López anunciaba la reunión con Batasuna el consejero regional y general del PS Frantxua Maitia confirmaba que «ya nos vemos y hablamos», aunque lamentaba que «las cosas no avanzarán aquí si en España, y particularmente en Euskadi, no se mueven como debe». En este contexto, Maitia defendió la legalización de Batasuna para poner ya en marcha el diálogo multipartito.

Una declaración similar se esperaba hace un año por parte del máximo dirigente del PSN, Carlos Chivite; si bien éste defendió el contacto público entre el PSE y Batasuna, evitó adoptar cualquier iniciativa similar o emprender reuniones incluso aunque se hubieran mantenido al margen de los focos y las cámaras.

El bloqueo al diálogo bilateral en Nafarroa fue paralelo a otro confuso proceso: el de la elección del puesto absolutamente clave de candidato a la Presidencia del Gobierno navarro por parte del PSN. Después de que Carlos Chivite se postulara para ello y fuera descartado expresamente por la dirección del PSOE, que rechazó también la opción de utilizar la fórmula de las elecciones primarias, se abrieron perspectivas de que la decisión final derivara en una mayor apertura hacia el diálogo con la izquierda abertzale.

Finalmente -y tras filtrarse nombres como los del delegado del Gobierno Vicente Ripa, el diputado Juan Moscoso o la Defensora del Pueblo en Nafarroa María Jesús Aranda-, el elegido por Ferraz fue Fernando Puras, portavoz del PSN en el Parlamento y en la práctica muy cercano políticamente a Chivite. El PSOE y el PSN pusieron mucho interés en resaltar que el nombre había sido consensuado por ambas partes, en una decisión en la que Chivite habría tenido mucho peso.

La llegada de Puras no ha cambiado nada. Poco después se ponía en marcha el intento frustrado de llegar a un acuerdo que hubiera resuelto el conflicto, en Loiola, pero allí no estuvo Puras ni Chivite ni ningún otro miembro del PSN.

En los últimos meses, además, el partido se ha enrocado en torno a la defensa del actual estatus, cada vez con más claridad, aparcando algunos movimientos menores de Chivite como su propuesta de realizar por vez primera un referéndum sobre el Amejoramiento después de introducir algunos cambios más cosméticos que de fondo.

Como botones de muestra quedan el rechazo sin medias tintas a la propuesta del Anaitasuna, la declaración solemne de adhesión al marco actual hecha por el PSN en la víspera de la manifestación de la derecha españolista del pasado 17 de marzo, o la tajante afirmación de Puras en un mitin anteayer en Iruñea: «He dicho y vuelvo a repetir que no habrá cambio en el estatus, y que no se creará un órgano `ex novo’ entre la Comunidad Foral de Navarrra y la CAV. ¿te queda claro?», indicó a Miguel Sanz. Y a Rajoy le dijo que «aunque te duela, Mariano, Zapatero es garantía para Navarra, y lo sabes».

El PSOE asumió en sus reuniones con Batasuna que hay un conflicto político

 El PSOE asumió en sus reuniones con Batasuna que hay un conflicto político
El PSOE y Batasuna mantuvieron más de 25 conversaciones antes del alto el fuego de ETA en las que aceptó que el conflicto a resolver era político y expresó su voluntad de  llegar a un acuerdo. GARA respasa a partir de hoy en su edición impresa los elementos sustanciales del proceso negociador.

Reuniones entre los partidos
«Cuando la mesa era necesaria»
18/05/2007 9:29:00

DONOSTIA-. El embrión de este proceso surgió a finales de 1999, y las reuniones se desarrollaron de forma ininterrumpida desde 2001 para acelerarse a partir de 2004.

Hasta tal punto que antes del alto el fuego dado por ETA en marzo de 2006 ambas partes habían cruzado impresiones y propuestas en una misma mesa en nada menos que 25 ocasiones, lo que habla de una periodicidad más o menos bimestral.

Según la información recabada ahora por GARA de fuentes conocedoras de este proceso, las conversaciones entre representantes del PSOE y de Batasuna en esta primera fase previa al alto el fuego se pueden dividir en tres momentos: el inicio de los contactos, en 1999; un salto cualitativo a partir de 2002 en el que se fija un compromiso de partida que define el conflicto como político y subraya la voluntad mutua de llegar a un acuerdo resolutivo; y la última fase, a partir de 2004, cuando el PSOE retorna a La Moncloa.

En enero de 2006, cuando las reuniones ya son conocidas y han alcanzado cierta madurez, la izquierda abertzale trata de dar cuerpo al proceso poniendo sobre la mesa un guión de debate.

Es un guión político para una solución política a un conflicto político, al que ni el PSOE ni PNV le pondrían reparos.
Reuniones entre los partidos vascos (Cuandola mesa era necesaria)

El PSOE asumió que hay un conflicto político en 25 reuniones con Batasuna antes de la tregua

La decisión de mantener la ilegalización ante la próxima cita electoral ha sido recibida por la izquierda abertzale como un tercer «no» a su propuesta de acuerdo político que resolvería definitivamente el conflicto. El primero se lo dieron hace unos meses los interlocutores de PNV y PSOE en las conversaciones a tres bandas celebradas en Loiola; el segundo ha sido expresado, más con los hechos que con las palabras, tras la presentación pública de la propuesta de «autonomía a cuatro» con derecho a decidir; y el veto a la inscripción de ASB como nuevo partido, a las listas de AS y a parte de ANV viene a reafirmar ahora los dos anteriores. Pernando Barrena resaltaba el martes en Iruñea que la izquierda abertzale mantiene su apuesta por la solución pero, de momento, atrás quedan ya seis años de esfuerzos por lograr un punto de consenso. Se trata de conversaciones en las que el PSOE aceptó ya desde 2002 (ambas partes mantuvieron más de 25 reuniones antes del alto el fuego de ETA) que el conflicto a resolver era político y afirmó que su voluntad era llegar a un acuerdo. GARA repasará en los próximos días los elementos sustanciales del proceso negociador para la conformación de una mesa de partidos políticos, desde las primeras reuniones de Durango hace siete años hasta el frustrado cónclave de Loiola.
Ramón SOLA |

El pasado mes de octubre, en los parajes de Loiola, alejados del mundanal ruido, representantes de la izquierda abertzale (Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria u Olatz Dañobeitia), del PSOE (Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares) y del PNV (Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu) debatieron durante muchas horas las tres cuestiones centrales del irresuelto conflicto: el reconocimiento de Euskal Herria, el derecho a decidir y la territorialidad. El desenlace es conocido y admitido unánimemente: no hubo acuerdo y con ello se abría un bloqueo incierto que se prolonga en la actualidad y que tiene su última expresión en el veto electoral a la izquierda abertzale. Pero las versiones sobre esta negociación frustrada por el momento difieren y han dado pie a mucha literatura y a un intenso debate político. GARA ha tratado de acercarse a las causas profundas del atasco de una oportunidad que comenzó a gestarse hace muchos años por la vía del diálogo entre el PSOE y la izquierda abertzale.

El embrión de este proceso surgió a finales de 1999, y las reuniones se desarrollaron de forma ininterrumpida desde 2001 para acelerarse a partir de 2004. Hasta tal punto que antes del alto el fuego dado por ETA en marzo de 2006 ambas partes habían cruzado impresiones y propuestas en una misma mesa en nada menos que 25 ocasiones, lo que habla de una periodicidad más o menos bimestral.

«Conflicto político»

A tenor de la información ya conocida y de la recabada ahora por GARA de fuentes conocedoras de este proceso, las conversaciones entre representantes del PSOE y de Batasuna en esta primera fase previa al alto el fuego se pueden dividir en tres momentos. Uno de ellos es meramente preliminar y afecta al inicio de los contactos, pero tiene también su punto de interés ya que fue el entonces líder del PSE, Nicolás Redondo Terreros, muy poco sospechoso ahora de connivencias con el independentismo, quien llamó a la puerta de la izquierda abertzale en 1999. Junto a él acudieron a la cita de Durango José María Benegas y Jesús Eguiguren. Este último, presidente del PSE, y Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, serían los hilos conductores del largo proceso de interlocución que se abría. Aquella primera reunión, una mera toma de temperatura en la época de Lizarra-Garazi, tuvo básicamente el efecto de abrir ese canal.

En 2001, delegaciones lideradas por Eguiguren y Otegi vuelven a reunirse. Son tiempos de conflicto puro y duro para ambas partes. Con una dificultad añadida: la virtualidad futura de este cruce de opiniones no está clara toda vez que en ese momento el PP sigue gobernando en Madrid con una amplia mayoría y el propio PSOE acaba de promover y firmar con Aznar un pacto anti-abertzale. Sin embargo, el salto cualitativo en las conversaciones no tarda en producirse. Según ha podido comprobar GARA, ya en el año 2002 ambas partes fijan un compromiso de partida que define el conflicto como político y subraya la voluntad mutua de llegar a un acuerdo resolutivo.

Ese «suelo» para la negociación se resume en dos frases consensuadas por los representantes del PSOE y los de la izquierda abertzale. La primera deja claro que «el objetivo de estas conversaciones es intentar acordar las condiciones políticas que permitan establecer un escenario de resolución del conflicto político vasco». Y la segunda especifica que «la voluntad de ambas partes es llegar a dicho acuerdo, siendo conscientes de su dificultad pero con el compromiso claro de no legar a las futuras generaciones esta situación».

La implicación del PSOE en una iniciativa de estas características habría sorprendido mucho si se hubiera conocido entonces. Pero quizás no tanto para quien hubiera ido conociendo escritos de Jesus Eguiguren, resumidos después en el libro «Los últimos españoles sin patria (y sin libertad)» que incluye como epílogo las llamadas «bases para un arreglo». La izquierda abertzale descubrió en esos textos un posible punto de encuentro en claves muy diferentes a las holladas hasta entonces: basado en el consenso en torno a las reglas de juego y no en torno a las propuestas de cada formación, lo que abocaba al fracaso una y otra vez.

Las «bases para un arreglo»

Estas «bases», publicadas en el año 2003, incluyen afirmaciones que con el tiempo pueden leerse incluso como propuestas de la izquierda abertzale. Así, el primer punto aboga por «el reconocimiento de que todas las opciones políticas deben disponer de los mecanismos y posibilidades de llevar a la práctica sus objetivos democráticos. Expresado de otra forma, nuestra sociedad es libre de decidir su futuro siguiendo los procedi- mientos democráticos. La función del ordenamiento jurídico es garantizar los mecanismos para adoptar dichas decisiones y hacer posible su aplicación y su puesta en práctica, siempre y cuando se sigan los procedimientos de diálogo y consenso».

Eguiguren planteaba la necesidad de buscar este acuerdo a través del «diálogo multipartito» en «un foro o lugar de encuentro». La mesa de partidos era una idea naciente que daría mucho que hablar y recogería adhesiones prácticamente unánimes en 2005 y los inicios de 2006. Incluida la del PNV, con quien la izquierda abertzale intensificó también los contactos, esta vez en su sede de Sabin Etxea, en paralelo a los mantenidos en Elgoibar con el PSE.

Detalles a un lado, lo innegable de las bases de Eguiguren es la idea de fondo de la necesidad de una solución política -un «arreglo» según su terminología-. Esta concepción sería trasladada sin margen de duda a las conversaciones con la izquierda abertzale, desde el compromiso mutuo de 2002 hasta 2004. En este año, en marzo, los encuentros periódicos localizados en un baserri de Elgoibar iban a entrar en una tercera fase y cobrar otra dimensión, porque el PSOE retornaba a La Moncloa.

Los «cimientos»

El triunfo del PSOE hizo lógicamente que las conversaciones todavía secretas comenzaran a tener un horizonte práctico, no sólo teórico. La oportunidad de que hubiera una oportunidad empezaba a ser real. Las conversaciones ganaron en profundidad y en definición. Y la izquierda abertzale hizo un movimien- to de mucho calado destinado a abrir puertas de par en par: en noviembre, ocho meses después de la llegada de Zapatero, abarrotaba el Velódromo de Anoeta para explicar a su gente y ofrecer a la otra parte un nuevo procedimiento basado en dos mesas de negociación: la que deben formar evidentemente ETA y el Gobierno español, por un lado, y la compuesta por partidos y agentes para alcanzar el acuerdo político pendiente, por otro.

Las expresiones de buena voluntad fueron paralelas a estos contactos políticos ocultos, y tuvieron su exponente más claro en el cruce de mensajes entre Batasuna y Zapatero en enero de 2005. Con un nuevo clima político evidente a todos los niveles -incluida la reducción de su actividad armada por parte de ETA o la resolución del Congreso impulsada por el PSOE para conseguir un aval para el diálogo con la organización-, a finales de año ambas partes sacaron a la luz la existencia de las conversaciones, sin ocultar para nada que el objetivo era buscar una solución en clave política y no militar o «técnica».

Arnaldo Otegi dio algunos detalles en el libro-entrevista publicado por GARA en diciembre: «Mañana, Euskal Herria». En el acto de presentación, el portavoz independentista destacó el valor de haber logrado blindar esos contactos, confirmó que gracias a ellos se abría la posibilidad de solucionar el conflicto y dejó claro que el objetivo era «ver si somos capaces de firmar un primer acuerdo entre los partidos políticos». Pocos meses después, era Jesús Eguiguren, el protagonista al otro lado de la mesa, quien hacía una confirmación similar. Fue en «El Diario Vasco», apenas unos días después del alto el fuego de ETA. Allí explicaba que «los puentes con la izquierda abertzale han facilitado esto» y afirmaba que «los cimientos de este proceso están muy bien construidos».

El presidente del PSE no ocultaba que el proceso a abrir entonces era político. «Lo que está ocurriendo estos días son los primeros pasos de un cambio de época en el País Vasco en el que por fin vamos a entrar en el terreno de la convivencia, de los consensos políticos, y donde la pesadilla que hemos vivido será cosa del pasado». La apelación a la búsqueda de «consensos» iba en coherencia con la idea de la mesa de partidos, aceptada por entonces casi unánimemente. Y también con la declaración de ETA, que situaba el alto el fuego como iniciativa para facilitar un proceso democrático.

Enero de 2006: un guión político para el debate que PSOE y PNV aceptan sin reparos
Las conversaciones entre el PSOE y la izquierda abertzale en esta fase previa al alto el fuego habían versado en torno a una agenda de cinco puntos: análisis de experiencias pasadas, análisis de experiencias internacionales, diagnóstico de la situación vasca, claves para el acuerdo y propuestas de acuerdo. En el caso del PNV, las conversaciones se destinaron a hablar de futuro y no del pasado en el que la izquierda abertzale y los jeltzales ni se ponían ni se ponen de acuerdo.

En enero de 2006, cuando las reuniones ya son conocidas y han alcanzado cierta madurez, la izquierda abertzale trata de dar cuerpo al proceso poniendo sobre la mesa un guión de debate. Es un guión político para una solución política a un conflicto político, como se puede constatar en el texto que ofrece GARA a continuación. Ni PSOE ni PNV le pondrían reparos. Aunque el debate no avance tanto como se desea, las cuestiones a abordar para llegar a un proceso resolutivo parecen estar muy claras. Éste es el contenido íntegro del guión trasladado por Otegi y sus compañeros:

INTRODUCCIÓN

-Constatación de la existencia del conflicto.

-Carácter político del mismo.

-Naturaleza histórica del mismo.

-Definición de Euskal Herria como el ámbito geográfico del conflicto.

-Apuesta por la paz y la resolución del conflicto.

-Compromiso con el diálogo democrático como único instrumento para su superación.

-Apuesta por construir un escenario democrático y de paz acordado desde nuestra responsabilidad política.

PRINCIPIOS DEL DIÁLOGO

-Principio de no exclusión en el diálogo resolutivo.

-Principio para abordar todas las raíces del conflicto y buscar su superación de manera acordada y democrática.

-Principio de respeto a la voluntad libremente expresada por el Pueblo Vasco. Principio de autodeterminación.

-Principio de que dicho ejercicio se hará mediante la fórmula que acuerden los agentes políticos de Euskal Herria.

COMPROMISOS DEL DIÁLOGO

-Compromiso con la utilización de vías pacíficas y democráticas para la superación de nuestras legítimas diferencias durante el proceso de diálogo resolutivo.

-Compromiso con la defensa de todos los derechos para todos los/as ciudadanos/as de Euskal Herria.

-Compromiso de que los hipotéticos acuerdos que se alcancen tendrán en cuenta tanto la pluralidad como la historia de Euskal Herria.

-Compromiso de que los hipotéticos acuerdos deberán contar necesariamente con la adhesión y el respeto de las diferentes tradiciones políticas que integran el pluralismo vasco.

OBJETIVO DEL DIÁLOGO POLÍTICO

-Construir un escenario democrático que garantice de manera efectiva el respeto a todos los derechos de todas las personas en Euskal Herria.

-Construir las condiciones democráticas y las reglas de juego acordadas que permitan, mediante la utilización de métodos exclusivamente democráticos, la materialización de todos los proyectos políticos sin más limitaciones que las del respeto a la voluntad popular.

-Establecer las condiciones en las que el Pueblo Vasco ejercerá el derecho a la libre determinación.

-Acordar las condiciones para dicho ejercicio democrático.

SOBRE LA MESA DE DIÁLOGO RESOLUTIVO

-Acordamos la creación de una mesa de diálogo multilateral.

-La mesa tendrá como núcleo central a los partidos políticos con funcionamiento estable en todos o alguno de los territorios de Euskal Herria.

-Se debe de tener en cuenta la «representación» real de los mismos y ponderarla.

-Se constituirá una mesa para el conjunto de Euskal Herria.

-Se deben de establecer las garantías acordadas para la participación de las organizaciones sociales y sindicales de Euskal Herria en el proceso de diálogo resolutivo.

SOBRE LA TOMA DE DECISIONES

-Las decisiones se adoptarán bajo el criterio general de aplicación de mayorías «suficientes».

-Estas mayorías no se podrán fijar si no participan de ella las dos sensibilidades o tradiciones políticas existentes en el diálogo resolutivo.

-Esta condición no podrá ser ejercitada como un instrumento permanente para el bloqueo o el veto de posibles acuerdos.

SOBRE LA CONSULTA POPULAR

-Cualquier hipotético acuerdo que se pueda alcanzar deberá ser sometido al refrendo popular para que la ciudadanía de Euskal Herria ratifique o rectifique dicho acuerdo.

-Los hipotéticos acuerdos deberán ser ratificados por quienes los suscriban.

-Los acuerdos deberán ser negociados con el/los estados.

-Para esta negociación se procederá a acordar la interlocución nacional necesaria entre los partidos que suscriban el acuerdo para abordar el proceso de negociación con el Estado español.

PRESENCIA INTERNACIONAL

-El diálogo político resolutivo contará con la presencia de organismos y personalidades de carácter internacional.

-Esta presencia garantizará tanto en términos técnicos como políticos el buen desarrollo del proceso de diálogo resolutivo.

María masturbando a Jesucristo o lo que entiende por arte el PSOE

13.03.07 | 11:23. Archivado en Cáceres, BadajozElena de Regoyos (Reportero Digital).- Abominable. Y lo ha paga la Junta de Extremadura. Casi en vísperas de la Semana Santa, la Consejería de Cultura patrocina dos libros pornográficos en los que los protagonistas son Jesucristo, la Virgen y María Magdalena. Pura Alianza de Civilizaciones al estilo Zapatero.

«Son absolutamente nauseabundas y escatológicas, al margen de creencias, libertad de expresión y de creación». Se refiere el PP de Extremadura a un libro de fotografías que retrata al arcángel San Gabriel eyaculando sobre María, o a ésta masturbando a Jesucristo, que también figura como transexual, pedófilo o convertido en cerdo. ¿En qué pensaría el candidato socialista a la alcaldía de Badajoz cuando lo subvencionó desde la consejería de Cultura de la Junta de Extremadura?

Es el colmo del mal gusto y la chabacanería. La Junta de Extremadura ya demostró su amplia oferta cultural subvencionando una obra de teatro para todos los públicos entre cuyos contenidos más light se encontraban frases como «Chúpame la minga, chúpame las domingas».

En este caso, en lo que cualquiera ve a un San Roque explícitamente zoófilo, un niño Jesús convertido en cerdo, y después en mujer (desnuda, claro), también retratado incitando lujuriosamente a un niño o siendo masturbado por la virgen María…

El consejero de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, y candidato a la alcaldía de Badajoz, Francisco Muñoz Ramírez, ve «las expresiones más novedosas de la actividad plástica contemporánea para ampliar la visión de las diversas tendencias y actitudes dentro de nuestro panorama artístico». Y por eso decide «apoyarlo y divulgarlo».

No obstante, preguntado por ello este lunes en rueda de prensa, un Muñoz nervioso negó haber prologado tal libro (¿se puede negar la evidencia estando ya publicada?) para acabar escudándose en su libertad de expresión. Quizá no comprendió que nadie le imputa ningún delito contra dicha libertad, sino que se está juzgando el uso que hace de ella, o lo que es lo mismo, su libertad de ofender a sus conciudadanos, promoviendo, financiando y elogiando una expresión artística tan zafia se mire por dónde se mire.

Eso fue el lunes. Este martes, las llamadas al PSOE de Extremadura preguntando por los motivos de la Junta para financiar la edición del libro, se quedan sin respuesta. «Ya te llamaremos o mandaremos un mail con lo que sea…» es, por el momento, lo único que responden. Lo mismo al preguntar por el dinero que se destinó a la edición de esta obra.

Es la obra del autor extremaño J.A.M Montoya, editada íntegramente por la Dirección General de Promoción Cultural de la Junta de Extremadura, que ve en su autor a «uno de los representantes de mayor trayectoria y credibilidad artística dentro y fuera de nuestros límites geográficos».

¿LAS COLGARÍA IBARRA EN SU CASA?

Ante tal nefasta expresión artística, si es que merece tal consideración, el PP ha emitido un comunicado de repulsa en el que califica las imágenes de «absolutamente nauseabundas y escatológicas, pero al margen de creencias, libertad de expresión y de creación, lo que resulta denigrante es que el catálogo va prologado por el consejero de la Junta y candidato socialista a la alcaldía de badajoz, don Francisco Muñoz».

«Desde el Partido Popular consideramos que (…) supone un atentado grave hacia la sensibilidad ética y estética con independencia de doctrinas, elección de culto y preferencias religiosas».

Considerando la pasión que entre los miembros del PSOE extremaño suscitan J.A.M. Montoya y sus fotografías, uno se pregunta…

¿Colgaría el señor Rodríguez Ibarra algunas de estas expresiones «artísticas» en el salón de su casa o en la habitación de su hija?

¿Se atreverían a propagar esta «manifestación cultural» con otros credos supuestamente menos tolerantes y permisivos?

Esto hiere los sentimientos, esto no respeta a los demás. Si fuera otra creencia no se hubieran atrevido.

De igual modo se lo pregunta el PP:

«¿Y qué dice el que se dice católico practicante, Sr. Vara? ¿Verá Ibarra con su hija estás imágenes?»

EL «ARTISTA» Y SU OBRA

Resulta obvio que la posibilidad de colocar su nombre junto al del renombrado fotógrafo cegó al candidato socialista a la alcaldía de Badajoz. Buceando en la página web de Montoya, entre tantos méritos y loas, uno llega a olvidar el mal gusto de su obra:

Ha impartido clases en diferentes centros y cursos académicos en la Universidad de Extremadura. Su obra ha sido motivo de debate en congresos universitarios y tema de investigación en memorias de licenciatura y tesis doctorales.

La admiración de la Junta de Extremadura por su obra viene de lejos, y ya en 1990 obtuvo uno de sus más grandes favores, al otorgársele la Beca de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
*********************************************
LAS FOTOS BLASFEMAS
Les advertimos que, por su dureza, las imágenes que incluimos en la página siguiente pueden herir su sensibilidad.
*********************************************

María masturbando a Jesucristo o lo que entiende por arte el PSOE

13.03.07 | 11:23. Archivado en Cáceres, BadajozLAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

A pesar del carácter blasfemo de las imágenes y tras debatir a fondo sobre la conveniencia de darla o no, Reportero Digital Extremadura ha optado por reproducir el original para que la ciudadanía pueda juzgar por sí misma:

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

—

ENLACES RELACIONADOS:

Así es la oferta cultural en el cortijo de los socialistas extremeños

ETA y PP, la pareja suicida, por J. A. GONZÁLEZ CASANOVA catedrático de la Universidad de Barcelona

 

J. A. GONZÁLEZ CASANOVA 07/02/2007

En estos días hemos asistido al suicidio político de ambos polos del antisistema democrático, emparejados en ser derechas extremas, pues les une idéntica mentalidad totalitaria, so capa en el PP de falso afán liberal y, en ETA, de nacionalismo. Unos perpetúan el desprecio a la democracia de los viejos partidos conservadores, y los otros resucitan la «democracia de alpargata» del carlismo violento, que tras la defensa popular de los fueros vascos ocultaba el absolutismo más reaccionario. Su emparejamiento objetivo frente al actual Estado social y democrático de derecho denuncia su aparente enemistad radical, que ya no engaña a nadie, pues a los grupos políticos , como a las personas, hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que dicen. Si liberales y carlistas impidieron la democracia española durante el siglo XIX y, unidos al golpista Franco, la erradicaron en el XX por las armas, ahora sus respectivos herederos mentales siguen apoyándose mutuamente en su feroz combate contra el Gobierno legítimo y electo de la ciudadanía. Pero el atentado de Barajas y la bochornosa actitud del aznariano Rajoy culpando del mismo (como en el 11-M) a Zapatero y no sumándose a la protesta general contra el atentado tras manipular fríamente a las víctimas del terrorismo han supuesto el suicidio político de quienes comprueban, sin reconocerlo nunca, su nulo futuro ante el veredicto de las urnas. De ahí que sus últimos actos constituyan más bien el levantamiento de un acta de últimas voluntades. ¿Alguien puede entender que los organizadores de múltiples manifestaciones contra Zapatero, incluida la del lunes, se negasen a participar en una sólo contra ETA y no contra el PP, e incluso exigieran que se desconvocara porque parecía favorecer al presidente del Gobierno? ¿A quién combate Rajoy: al enemigo de todos o al suyo propio? Patxi López y Josu Imaz han ido juntos en la manifestación convocada a favor de la paz y el diálogo por la Iglesia vasca, pero el PP acusa a ésta de estar al lado de ETA.

ETA ha fracasado siempre en su pertinaz empeño de ulsterizar el conflicto provocando una escalada de represión policial, e incluso militar, que exacerbe a todos los vascos y los integre masivamente en la lucha por la independencia. Su Gobierno español ideal es el neofranquista, dispuesto a responder incluso con el Ejército y sin diálogo político alguno con el nacionalismo vasco, incluido el PNV. Su mayor adversario es el Gobierno actual, firme frente a la violencia, de acuerdo con el leal Josu Imaz y dispuesto al diálogo con Batasuna si ésta se distancia de ETA. De ahí el apoyo etarra al PP para que expulse al ZP dialogante con la minoría social independentista, ya que puede integrarla de nuevo en la política democrática (como es el caso de ERC) dejando a ETA sin soporte popular.

Ciertamente, Rajoy cumple a la perfección el papel que de él espera la banda. Se niega a apoyar al Gobierno aunque Zapatero le apoyaba cuando estaba en la oposición; dinamita la unión de todos los demócratas y se hace portavoz etarra cuando le espeta al Presidente que si se niega al precio político exigido por ETA será culpable de sus asesinatos, y que, si éstos no se dieran, también lo sería, ya que eso implicaría sin ninguna duda que habría cedido ante el chantaje. Así como ETA sostiene que la bomba no rompe el alto el fuego y que es Zapatero quien lo ha roto, Rajoy proyecta en éste su propia alianza de intenciones con ETA, según la táctica neocon de calumniar sin descanso hasta que su mentira sea verdad para los futuros electores. Sólo le falta acudir, como hizo en el caso del 11-M, a otro descomunal embuste: si Zapatero pactó con ETA el atentado de Atocha para impedir la victoria electoral de Rajoy, ahora habría pactado el de Barajas para suspender el proceso de paz (apetitosa carne donde quiere hincar sus fauces el PP) hasta después de las elecciones de 2008, y de ese modo librarse en el interregno del acoso de su rival.

Si el PP perdió su poder mendaz por extremarlo de forma suicida, ahora pierde la posibilidad de recuperarlo al ponerse en contra del resto de los partidos , del propio Parlamento y de casi todo el país. A este suicidio habrá que sumar el impacto electoral que debiera tener la impresionante serie de corrupciones inmobiliarias y urbanísticas que protagoniza el PP y que demuestran el descaro con que la derecha se nutre, antes, con y después de Franco, de poder económico, siempre a costa del expolio de los bienes públicos y del medio ambiente. Por tanto, ETA perderá su mejor aliado cuando el PP pierda las elecciones. Sin pareja y sin otra respuesta que el pacífico cumplimiento de las leyes y el respeto por las ideas pacíficas de la minoría abertzale, verá a su base social liberarse progresivamente de su tiranía armada. Seguirán en Batasuna escisiones como las de Aralar, hasta que, sin apoyos, ETA rinda las armas. Toda la historia etarra es una lenta paranoia suicida, pero su final es inevitable y está próximo. Los demócratas acabaremos venciendo a nuestros dos enemigos parejos más antiguos y tercos.

J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional de la UB.

El Pais.com/articulo/cataluna/ETA/PP/pareja/suicida

Unos magistrados muy conocidos en Euskal Herria

Unos magistrados muy conocidos en Euskal Herria
GASTEIZ Entre los doce magistrados que ayer decidieron mantener la situación de prisión de Iñaki de Juana se encuentran algunos nombres muy conocidos en Euskal Herria, por haberse encargado de juzgar o instruir sumarios contra ciudadanos y organismos de este país. La docena de jueces la componen Alfonso Guevara, Angela Murillo, María Teresa Palacios, María de los Angeles Barreiro Avellaneda, Julio de Diego López, Juan Francisco Martell Rivero, Nicolás Póveda Peña, Fernando Grande-Marlaska, Ricardo Rodríguez Fernández, Fermín Echarri y Flor María Luisa Sánchez. Guevara fue el presidente de la Sala en el juicio del «caso Jarrai-Haika-Segi» y sus histriónicas maneras de comportarse pudieron verse en toda Euskal Herria. Murillo y Póveda son dos de los jueces del tribunal que juzga el macrosumario 18/98. Rodríguez Fernández, Echarri y Sánchez fueron quienes condenaron a Iñaki de Juana, y Grande-Marlaska es el último de los «jueces estrella».