El incumplimiento de garantías fue denunciado por ETA desde junio, y reiterado en diciembre

 NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: DEL 22-M AL 30-D

 

GARA |

Gobierno español y ETA se ha- bían reunido por primera vez tras el alto el fuego a finales de junio, antes de que Zapatero realizara su declaración. Con ello, el Gobierno daba públicamente por terminado el llamado «proceso de verificación» y se disponía a plasmar el llamado «punto cero». Aparentemente el calendario se mantenía, pero los contenidos pactados habían saltado ya por los aires. Las cosas habían empezado a torcerse debido al incumplimiento por la parte estatal de las garantías establecidas en el acuerdo para dar viabilidad al proceso.

Esta cita -en realidad fueron varias reuniones en días consecutivos- fue entablada a petición de ETA, ante la «gravedad de la situación». La organización armada tenía ya en esos tres meses una amplia lista de incumplimientos, que iban desde la persistencia de las detenciones al mantenimiento de la ilegalización, cuya superación de facto se había acordado antes del alto el fuego. ETA también albergaba dudas de que el Gobierno estuviera labrando el «pacto de Estado» al que se había comprometido para blindar a futuro un proceso de resolución. Y también llamó la atención sobre una entrevista de Zapatero a Catalunya Radio en la que había anticipando que con ETA «hablaré de su disolución y del futuro de sus integrantes», cuando el compromiso mutuo era que la definición de los siguientes pasos y el modo en que se iban a anunciar a la opinión pública debía ser también pactado. Los interlocutores de ETA concluyeron en la mesa que «para cualquier observador, hay una actitud saboteadora». Como únicos aspectos positivos de estos tres meses observaron la disposición del PSE a reunirse con Batasuna -expresada por Patxi López y de cuyos antecedentes dio cuenta GARA- y unas declaraciones aludiendo al derecho a decidir de la ciudadanía vasca hechas por Zapatero en un mitin en el BEC de Barakaldo.

Advertencia

La representación del Gobierno, que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE, no negó que se hubieran producido incumplimientos, pero trató de culpar a factores externos y asegurar que su voluntad de avanzar era firme. A modo de ejemplo, tildaron las detenciones producidas en esos meses de «accidente importante» que intentó justificar por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que «son instrumentos del PP». Como prueba de ello, los interlocutores estatales citarían el «disparate» del proceso contra Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna para concluir de todo ello que «hemos sido ingenuos al pensar que a raíz del 22-M las cosas iban a pasar del negro a blanco». De cualquier modo, afirmarían tajantemente que «trabajamos para que Batasuna sea legal en setiembre-octubre». Y asegurarían que tomaban como tarea pendiente el pacto de Estado con el PP.

La representación de ETA advierte ya entonces de que si se siguen incumpliendo las garantías «el proceso se para» (en julio de 2005 previno textualmente, como se publicó ayer, que en ese supuesto «el alto el fuego se rompe». Y preguntan a la parte estatal cuánto tiempo necesitaría para fijar las garantías («¿dos meses?»), sin recibir respuesta. Así que cuando a la semana siguiente Zapatero va al Congreso a anunciar el inicio del diálogo con ETA y promete informar a los grupos sobre sus resultados en setiembre, en realidad el inquilino de La Moncloa sabía que no habría reuniones con la organización hasta que se cumplieran las garantías.

De hecho, en estas reuniones de finales de junio ETA entregó a sus representantes una escueta carta personal dirigida a Zapatero en la que le indicaba que «la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».

Polémica sobre la declaración

Llegó el nuevo curso político y, efectivamente, Rubalcaba no tenía nada que contar a los grupos del Congreso. Algunos medios y portavoces políticos imputaron el parón a un intento de ETA de posponer la puesta en marcha de la negociación técnica hasta que se creara la mesa de partidos, achacándole un afán de «tutelaje», pero la información a que ha tenido acceso GARA evidencia que el bloqueo estuvo más relacionado con el incumplimiento de los compromisos ETA-Gobierno. No habría reuniones hasta finales de este mes de septiembre, y de nuevo por iniciativa de ETA. Para entonces, las vulneraciones de los acuerdos de 2005 no habían decrecido, sino al contrario.

Una de ellas afectaba a la cuestión clave del acuerdo. La esperada declaración de Zapatero en el Congreso, tres meses antes, no se había atenido, en opinión de ETA, a lo pactado, y así lo mostró en un análisis detallado del contenido. Faltaban algunas cuestiones y, en cambio, el presidente español había incluido elementos ajenos que la organización armada leyó como «puyas»; entre ellas, el establecimiento de la Constitución como tope o la ratificación de la Ley de Partidos Políticos. Por lo que respecta al resto de garantías, ETA subraya en esta reunión que siguen sin cumplirse.

La representación del Gobierno del PSOE, por su parte, ensalza el contenido del mensaje de Zapatero, tratando de presentarlo como un Downing Street, en alusión al acuerdo Londres-Dublin sobre el proceso irlandés. Sobre esta cuestión se establece otra intensa disputa. Cuando ETA recuerda que se emplearon «muchas horas» en definir cada término de la declaración y que Zapatero no lo ha cumplido, por lo que incurre en «una total falta de credibilidad», los enviados del presidente alegan que «a Batasuna le gustó mucho» la comparecencia del 29 de junio. La alusión encrespa a los delegados de la organización: «¿Qué pensáis, que somos tontos?», se llega a escuchar de boca de uno de sus representantes, que apunta que el único motivo de esa valoración positiva habría sido seguir dando impulso al proceso. El Gobierno modula entonces su discurso; reconoce que en la alocución del líder del PSOE hubo «algún lapsus», entre los que cita haber circunscrito su discurso a «Euskadi», y lo atribuye a que «lo hizo de memoria».

«ETA no dará cheque en blanco»

Pero esta vez la parte estatal trae además su propia lista de reproches. Critica los comunicados de ETA, «muy negativos», y argumenta que con ellos «la judicatura no se puede mover». Y pone sobre la mesa otros dos elementos que dan pie a intensas discusiones: por un lado, la kale borroka, de la que ETA recuerda que nunca ha formado parte de su ámbito de competencias y que en consecuencia no entra en los acuerdos según se aclaró en su momento; por otro, las cartas a empresarios, sobre las que la organización matiza que no conllevan amenazas y son simples peticiones de dinero (el Gobierno replica que la aparición del sello de ETA es ya sinónimo de amenaza). Se habla también de la presencia de miembros de ETA en el acto por los gudaris en Aritxulegi, de las maniobras del Ejército, y sobre todo de los presos enfermos, cuya excarcelación se pide como un mínimo al margen de que la cuestión global deba ser abordada en la mesa «técnica».

Reclamaciones y respuestas

El diálogo se tensa. El Ejecutivo reclama un comunicado que suponga un salto decisivo. ETA da una respuesta tajante: «Tras seis meses de incumplimientos, no vamos a dar ningún cheque en blanco». Para entonces, el desarrollo de los hechos en este espacio y en el del diálogo político alimenta la impresión de que el Gobierno intenta despolitizar el proceso y bloquearlo en cuestiones como la situación de los presos o la legalización de Batasuna. ETA advierte de que «si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica nos váis a tener enfrente otros 40 años». Y el Gobierno asegura que «no hemos pensado nunca en `paz por presos’».

Precisamente esta cuestión se pondrá sobre la mesa de forma concreta en esta cita. Son meses en los que el Gobierno paraliza su pretendida intención de iniciar un acercamiento de presos, para lo que se filtró que tenía ya un plan detallado. ETA reclama la excarcelación de los presos enfermos, con nombres y apellidos, entre ellos Iñaki de Juana; la eliminación de la llamada «doctrina Parot» utilizada para imponer cadenas perpetuas a los presos vascos; y su acercamiento a Euskal Herria. La otra parte indica que no acepta que éstas sean exigencias para avanzar, pero afirma que lo estudiará y responderá. En la conversación introduce elementos con los que trata de mostrar buena voluntad, como la alusión a la dudosa constitucionalidad de la «doctrina Parot».

La cuestión, en general, se perfila como un termómetro para medir su voluntad.

El Gobierno jugó con distintas variantes en las negociaciones de setiembre y octubre. En un momento dado afirmó que la petición fiscal ante el juicio bajaría a dos años, pero finalmente se quedó entre cuatro y trece.

Nimes:

ETA dejó claro que no admitiría que el robo de pistolas se usara como pretexto para «bloquear el proceso» o «chantajear» y puso sobre la mesa que la Policía francesa había «robado depósitos de ETA».

Redadas:

Ante la sucesión de detenciones, el Gobierno argumentó que se trataba de sumarios antiguos abiertos e imposibles de cerrar. Dijo que podía incidir en la dirección Policía-juez, pero no en la juez-Policía.

ETA al Gobierno en octubre de 2006: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?»

Si en las reuniones de junio se ponen sobre la mesa los incumplimientos de las garantías y en las de setiembre se incrementan tanto el número como el volumen de los reproches, un mes después, cuando ETA y Gobierno vuelven a reunirse, los interlocutores de la organización armada tienen una pregunta para la otra parte que resume la gravedad de la situación: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?».

El interrogante se corresponde con el agravamiento paulatino de situaciones que debían estar en cauces de solución a tenor del diálogo en la mesa de negociación, como la legalización de Batasuna (se acaba de producir la irrupción en un centenar de «herriko tabernas») o la situación de los presos, especialmente urgente en el caso de Iñaki de Juana. ETA quiere saber si «no tenéis voluntad o no tenéis capacidad», y en este último caso pide que se le diga «con quién tenemos que negociar. ¿Con Gómez Bermúdez? ¿Con la Audiencia Nacional?». Sin embargo, al mismo tiempo la organización armada insiste en que ratifica su voluntad de avanzar, y marca dos requisitos para ello: el cumplimiento de las garantías y el acuerdo político (en esos momento se están intensificando las negociaciones entre PSOE, PNV y Batasuna en Loiola, que no llegarían a acuerdo).

El Ejecutivo español también eleva el tono sustancialmente, a partir de un elemento único: el robo de cerca de 350 pistolas en una armería de Nimes. Sus representantes llegan a indicar que eso no constituye un «accidente» -según la terminología establecida en el acuerdo de 2005-, sino «la ruptura del proceso de paz», aunque no «la ruptura del proceso». Espetan a los interlocutores de la organización armada vasca que «vuestra estrategia es la de que sólo nos movemos si nos presionáis y que de lo contrario estamos parados. Estáis equivocados». Desde el otro lado de la mesa, llueven en cascada los ejemplos de vulneraciones, y se expone como conclusión que «el noventa y pico por ciento de vuestros incumplimientos fue antes del robo».

Los mediadores tratan de reconducir la reunión reclamando que no se utilice el término «ruptura», y exponen que la situación es difícil y ambas partes tienen derecho a sentirse heridas. El Gobierno redefine su mensaje y establece que «el robo ha provocado un bloqueo objetivo y no permite avanzar en el proceso». Se acuerda realizar nuevas reuniones en diciembre; por lo demás, en esta cita el Ejecutivo tampoco anuncia ninguna medida sobre los presos.

Aritxulegi:

La presencia y el mensaje de la organización fue justificada por ésta en el marco del Gudari Eguna como forma de «presentación de objetivos estratégicos». Reprochó las maniobras coincidentes del Ejército español.

Gobierno y ETA acordaron el alcance del alto el fuego y la declaración de Zapatero

Ni el alto el fuego permanente proclamado por ETA el 22 de marzo de 2006 ni la declaración efectuada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio del mismo año fueron iniciativas unilaterales. Ambas cuestiones habían sido largamente debatidas, maduradas y consensuadas por interlocutores de ambas partes entre julio y noviembre de 2005. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.

21/06/2007 0:32:00

GARA |

En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.

Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.

La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.

Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.

Propuestas y contrapropuestas

Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.

Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.

El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.

Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.

Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.

A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».

Euskal Herria en el preámbulo

Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.

Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».

Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».

Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.

Las «garantías»

Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.

Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».

ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.

Los «accidentes»

El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».

El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.

Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.

El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro.

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fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.

Siete reuniones de propuestas y retoques para una declaración

La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.

Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».

En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.

En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.

ETA en julio: «Si incumplen las garantías, el alto el fuego se rompe»

Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.

El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.

GARA

El Gobierno se comprometió a buscar un «pacto de Estado»

Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.

Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.

GARA

Propuesta inicial del Gobierno español (julio de 2005)

«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.

Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.

Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».

PROPUESTA INTERMEDIA

«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación» (sobre el 3º)

Propuesta inicial de ETA (julio de 2005)

«El Gobierno español está de acuerdo/respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.

Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.

La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.

Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.

Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»

PROPUESTA INTERMEDIA

«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)

Acuerdo final sobre la declaración de Zapatero (ratificado por ambas partes en noviembre de 2005)

«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.

El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.

Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»

Declaración de Zapatero (junio de 2006)

«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción.

Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.

El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones.

Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular.

Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, esas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política e institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.

Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».

Gobierno-ETA y Batasuna-PSOE mantuvieron negociaciones simultáneas y en el mismo lugar en plena campaña electoral, sin que se llegara al acuerdo

Las negociaciones se dieron por concluidas en encuentros simultáneos entre el Gobierno y ETA y el PSOE y Batasuna, hace tres semanas. El motivo: la negativa a un acuerdo político. La primera consecuencia: el fin del alto el fuego.

GARA | DONOSTIA

Sendas delegaciones del Gobierno español y ETA, por un lado, y de Batasuna y PSOE, por otro, se reunieron de forma prácticamente simultánea los pasados días 14, 15 y 16 de mayo -con una última cita entre las delegaciones de los partidos el día 21- en una ciudad europea. Unos encuentros que, en todos los casos, contaron con presencia de cualificados observadores internacionales, en el último intento para desbloquear el proceso de negociación, atascado desde meses atrás, según fuentes de absoluta solvencia consultadas por GARA.

Estas fuentes confirman que la delegación de Batasuna estuvo encabezada por Arnaldo Otegi, que posteriormente resultó encarcelado de modo fulminante días después del fin del alto el fuego. Su ausencia en aquellos días, en plena campaña electoral, llamó la atención, hasta el punto de que periódicos y medios digitales se preguntaron «dónde está Arnaldo Otegi» ante su ausencia en actos públicos.

A tenor de esta información, la tentativa quedó finalmente frustrada al no producirse un compromiso político en el carril entre Batasuna y el PSOE que resolviera los nudos del conflicto, con lo que se dio por finalizada la fase de negociación abierta tras el alto el fuego y que ha conocido diferentes episodios.

Reformas estatutarias

La posición del PSOE se limitó en todo momento a plantear la opción de reformas estatutarias en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, con el máximo puesto en la posibilidad de poder constituir en el futuro un órgano común intergubernamental atendiendo a los lazos existentes entre ambas.

Las delegaciones vascas, por su parte, insistieron en la necesidad de llegar a un compromiso para la superación del conflicto, y no para su perpetua- ción. Asimismo, insistieron en que ello se debía producir gracias al esfuerzo compartido de las partes, el mismo que permitió años atrás explorar el inicio del proceso e ir dando pasos. En caso contrario, en ausencia de ese compromiso mutuo, a la izquierda abertzale sólo le quedaría la opción de seguir reivindicando que el Estado español asuma un proceso propio de democratización que acepte el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Una segunda y verdadera reforma democrática.

La permanente vulneración de las garantías y de los principios del proceso también estuvo encima de la mesa, de forma especial en la de ETA y el Gobierno. La organización armada, que se comprometió a desmantelar sus estructuras militares si el proceso se culminase, insistió en que debían desactivarse los mecanismos represivos para propiciar una situación de tregua bilateral.

Al igual que los encuentros y contactos previos a esta cita, celebrados en marzo y abril de este mismo año, el Gobierno fijó su prioridad en exigir que ETA renunciase, de forma explícita, al derecho de respuesta que la organización armada había incorporado a su alto el fuego permanente. Por contra, se negó a desactivar ninguno de los meca- nismos judiciales vigentes, ni siquiera las euroordenes u otros mecanismos de arresto, a pesar de que ello podría llevar a situaciones tan graves como la que derivó en la detención, el mes de marzo, del miembro de la delegación de la organización Jon Iurrebaso (que estaba acompañado de otro ciudadano vasco encargado de su seguridad). Estas detenciones se produjeron justo cuando se dirigían a un encuentro con los representantes del Gobierno español.

La propuesta para realizar la cita de mediados de mayo, con el formato de que ésta fuese avalada por una sustancial representación internacional, partió de ETA, después de que los contactos y reuniones habidos en marzo y abril entre ambas partes no lograsen mover posiciones, si no era en dirección contraria al proceso de diálogo. La ilegalización de la izquierda abertzale para las inminentes elecciones municipales y forales era presentada por parte española como una amenaza más que real cuando se formuló esta petición.

Consultas en Madrid

Llegado el 14 de mayo, los encuentros de los dos carriles se celebraron de forma consecutiva en el mismo lugar, en un país europeo. Se iniciaron con una reunión entre la organización armada y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que dio paso a otra entre Batasuna y el PSOE, y así sucesivamente. ETA y el Gobierno asumieron que la clave estaba en el acuerdo a alcanzar en la otra mesa, aunque la más insistente en ese sentido fue la organización armada.

Precisamente en el ámbito del acuerdo político pendiente se produjo otra vez el bloqueo, después de que la izquierda abertzale formulase la propuesta de estatuto de cuatro provincias con derecho a decisión. Tras fijar su posición en una mera reforma de las estructuras existentes, la representación guber- namental y la del PSOE pidieron ausentarse para acudir a consultar sobre la propuesta vasca a Madrid.

Los representantes españoles volvieron al lugar del encuentro y el 21 de mayo se produjo una nueva y última reunión entre el PSOE y Batasuna, pero la representación española no se movió respecto al acuerdo político, lo que puso punto y final de las negociaciones iniciadas tras la declaración de tregua de 2006 y concretadas en diferentes intentonas durante estos meses.

A los pocos días, ETA daba a conocer su decisión de dar por finalizado su alto el fuego, tal y como ya manifestó en los encuentros.

OTEGI ESTUVO ALLÍ

En esas negociaciones simultáneas, realizadas en plena campaña electoral, participó Arnaldo Otegi, a quien el Estado español encarcelaría de modo fulminante días después del final del alto el fuego de ETA.

Una comisión internacional para el carril «militar»

La iniciativa de ETA de hacer partícipes de las negociaciones a instancias de estados europeos dio paso, en el marco de estas reuniones celebradas a mediados de mayo, a una propuesta de la organización armada para la constitución, en el caso de que el proceso se desbloqueara políticamente, de una comisión internacional compuesta por esas mismas instancias para verificar el desarrollo del carril de negociación propio de ETA y el Gobierno español. Se garantizaría así el cumplimiento de compromisos de distensión, consensuados por ambas partes ya en 2005 como «garantías» para el desarrollo del proceso pero que fueron incumplidos por el Ejecutivo de Zapatero nada más producirse la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006.

Otro elemento para garantizar el proceso que ha sobrevolado los diferentes intentos negociadores ha sido el del «pacto de Estado», a cuya consecución se había comprometido el Gobierno del PSOE en ese mismo momento inicial, pero que no se ha materializado en estos quince meses.

El PSOE ha argumentado a su favor que el PP no estaba dispuesto a ello y que eso le impedía movimientos. Tras la conclusión del alto el fuego permanente, sí parece que el PSOE y el PP comienzan a entenderse, aunque la naturaleza de ese consenso sería de signo bien distinto al que debiera haber facilitado el proceso de resolución.

El PNV no estuvo al ser considerado un obstáculo

La propuesta para estos encuentros de los dos carriles, celebrados en un país europeo con el apoyo logístico y de seguridad de su Gobierno, excluía al PNV por considerar que los representantes de ese partido se habían convertido en un obstáculo para llegar a buen puerto en todos los intentos anteriores. Las negociaciones políticas entre el PNV, el PSOE y Batasuna se bloquearon en otoño del año pasado después de muchas horas de debate y los intentos por retomarlas por la izquierda abertzale con la presentación de su propuesta de estatuto a cuatro han tenido la oposición frontal de los jelkides desde que fue formulada públicamente.

El PSOE, que aceptó el planteamiento para simultanear las reuniones de los dos carriles al tratarse de un mismo proceso político, llegó a reconocer que el PNV no quería abordar la propuesta de cuatro territorios porque ello implicaba perder poder económico. De este modo, no hubo representación jelkide en las negociaciones desarrolladas en el mes de mayo y sólo la izquierda abertzale y el PSOE cruzaron sus propuestas.

Desde el mes de febrero, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, había insistido en que no se podía sentar con la izquierda abertzale y que había que clausurar el proceso político, además de augurar la probabilidad de próximos atentados de ETA. Por ello, a esta ronda se invitó únicamente a quienes sí estaban dispuestos a sentarse en la mesa.

PSOE y Batasuna pusieron fecha al acuerdo resolutivo

La próxima semana se cumplirá un año desde que los interlocutores del PSOE y la izquierda abertzale celebraron una reunión crucial y que abría perspectivas de dar un salto definitivo hacia la negociación política para la resolución del conflicto. En ella, el PSOE aceptó iniciar la fase de conversaciones oficiales con Batasuna superando la política de exclusión, tratar de incorporar al PSN a este proceso de negociación y cerrar un acuerdo político resolutivo antes del 31 de julio, que daría paso a la mesa de partidos en octubre. Ha pasado casi un año sin llegar siquiera al primer punto.

Ramón SOLA |

En la noche del 30 de mayo del pasado año, entrevistado en el programa “Ganbara” de Radio Euskadi, el secretario general del PSE, Patxi López, lanzaba un doble anuncio que abría ilusionantes perspectivas de desbloquear la primera crisis sobrevenida tras el alto el fuego de ETA y avanzar hacia la resolución del conflicto. Para sorpresa de muchos oyentes, aquella noche López admitía por un lado que «es necesario pasar de los contactos actuales a una fase de negociaciones» y, junto a ello, revelaba su intención de mantener en próximas fechas una reunión «con la izquierda abertzale, cuya apuesta por la apertura de un nuevo ciclo político valoramos y reconocemos». El líder del PSE la calificaba en esa entrevista de «interlocutor necesario».

Aquella declaración no era fruto de una decisión unilateral del PSOE, según ha podido constatar GARA. Un día antes, sus interlocutores y los de la izquierda abertzale se reunieron, como habían hecho en secreto durante unas 25 ocasiones antes del alto el fuego y de modo más intenso en los meses de abril y mayo. La representación independentista acudió a aquel contacto con una nueva espada de Damocles sobre su cabeza: la citación en la Audiencia Nacional por actividades políticas a ocho mahaikides, que venía a suceder al encarcelamiento de Arnaldo Otegi por segunda vez pocas semanas antes y a la constante prohibición de actos. En una situación de «evidente crisis», Batasuna planteó al PSOE que resultaba necesario que diera «pasos significativos para que el proceso no fuera cuesta abajo». Le presentó incluso una propuesta escrita, a la que ha tenido acceso GARA, y que desembocó en un punto de encuentro. Este acuerdo para el desbloqueo incluía varios puntos que López explicitó aquella noche en “Ganbara”.

Julio y octubre

La «propuesta de acuerdo para la recuperación de la confianza» presentada por Batasuna en esa cita del 29 de mayo y que concluyó en el mencionado consenso constaba de seis puntos. El último era el más trascendental: la izquierda abertzale planteaba al PSOE «el cierre del acuerdo político para la resolución del conflicto antes del 31 de julio».

Lo que se reclamaba era un compromiso que pusiera en marcha una dinámica de diálogo multilateral (la mesa de partidos), de modo que ésta terminara de dar forma y concreción al acuerdo resolutivo final. Batasuna proponía que este «preacuerdo» a firmar antes del 31 de julio debía contemplar en primer lugar un pacto de bases en torno a las cuestiones nucleares del conflicto (según el guión presentado por Batasuna a PNV y PSOE y que GARA publicó en su integridad el pasado día 18); un segundo acuerdo sobre el esquema general y el calendario del proceso; y, en tercer lugar, un esquema general también consensuado sobre el futuro acuerdo. Arnaldo Otegi y sus compañeros de interlocución añadían dos detalles finales: el acuerdo debería ser suscrito por PSE, PSN y Batasuna, y la mesa o foro de diálogo podría constituirse en el mes de octubre.

Sobre esta propuesta de base, en esa reunión secreta del 29 de mayo tanto el PSOE como Batasuna aceptaron llegar al acuerdo político en el plazo fijado. Sólo quedaban dos meses para ello, pero cabe recordar que ambas partes llevaban entonces cerca de seis años cruzando diagnósticos y propuestas, sobre la base de la aceptación de la necesidad de un acuerdo político por parte del PSOE hecha ya en el año 2002 y con el reciente alto el fuego permanente de ETA como elemento catalizador.

Los interlocutores del partido de José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López admitieron entre otras cosas que el acuerdo fuera negociado con Batasuna tanto por el PSE como por el PSN. Y dieron por bueno también que la mesa se constituyera en el mes de octubre.

López no fue tan lejos, lógicamente, en la entrevista a Radio Euskadi. Pero sí lanzó mensajes novedosos y más nítidos que nunca hasta entonces, que se correspondían con el acuerdo alcanzado un día antes. «Estimamos que es necesario pasar de los contactos actualmente existentes a una fase de negociaciones incluyentes tendentes a construir un proceso de diálogo multipartito en Euskadi que permita ampliar los consensos políticos», dijo López antes de añadir que «trabajaremos para hacer viable el diálogo político en los próximos meses».

La exigencia de legalización

Pero el fruto más visible de ese pacto secreto en los días posteriores sería otra imagen: la reunión mantenida en un hotel de Donostia el 6 de julio por Patxi López y Rodolfo Ares, a un lado de la mesa, y Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, a otro. Por primera vez con cámaras, muchas cámaras, delante.

La reunión, en coherencia con el punto de encuentro alcanzado, debería ser el punto de partida del proceso de negociación política sin exclusiones. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior Patxi López trató de reducir su alcance afirmando que sólo habían acudido a exigir a la izquierda abertzale que se legalizara y añadiendo incluso que no habría más reuniones si no hacía tal cosa. El líder del PSE ya había incluido en la entrevista del 30 de mayo una «invitación» a Batasuna «a plantear iniciativas tendentes a recuperar su condición de fuerza legal» argumentando que «con ello quedaría despejado el camino para avanzar en la concrecion de los ámbitos de diálogo».

De esta cuestión se había hablado efectivamente también en la reunión del día 29, a demanda de la representación del PSOE, que reclamó que la izquierda abertzale diera este paso «cuanto antes, en verano mismo». Sus representantes pidieron que el procedimiento se concretara, pero finalmente quedó en el aire.

Las dilaciones

Batasuna no ocultaba el temor de que éste fuera un nuevo argumento destinado a dilatar el inicio del diálogo multipartito resolutivo, después de que en esos primeros meses posteriores al alto el fuego se hubieran usado y «quemado» ya otros como la supuesta necesidad de «verificación» de la iniciativa de ETA o el criterio de «primero la paz y luego la política», esgrimido con reiteración también desde el PNV aunque finalmente desestimado por Zapatero.

El presidente del Gobierno español aparcó este criterio precisamente el día después de que Patxi López anunciara ese salto en el proceso que incluía aparentemente la normalización de las relaciones con la izquierda abertzale.

Fue en el marco del llamado Debate sobre el Estado de la Nación, que en su primera jornada, el 30 de mayo, había transcurrido sin novedades. El día 31, sin embargo, Zapatero explicó por primera vez desde la tribuna que «no haber llegado a la paz no impide que el diálogo político empiece», lo que superaba el argumento anterior de «primero la paz, luego la política». Esta afirmación desconcertó incluso al diputado Josu Erkoreka, cuyo partido, el PNV, había liderado este argumento. Lo volvería a retomar meses después.

Justo un mes más tarde, en una sala del Congreso de los Diputados Zapatero daba también por finalizado el llamado periodo de verificación. Además de anunciar el inicio del diálogo con ETA, lanzaba algunas frases que se escucharon con interés en Euskal Herria entre quienes apuestan por el diálogo político resolutivo. Por ejemplo, ésta: «Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales… deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportunos. Y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales».

Los incumplimientos

Visto con perspectiva, se puede concluir que de los acuerdos alcanzados en la reunión del 29 de mayo prácticamente sólo dos se cumplieron: la declaración de López vía radiofónica y la realización de la reunión pública del 6 de julio. Se llevó a cabo, como había planteado la izquierda abertzale, en el marco de los diez días posteriores a la esperada comparecencia de Zapatero en el Congreso. El camino a la negociación política multipartita y la resolución del conflicto parecía entonces más despejado que nunca.

Entre ese 6 de julio y el 31 del mismo mes -fecha tope consensuada-, no habría avances significativos. El PSOE derivó el debate hacia la exigencia de que la izquierda abertzale se legalizara, lo que para Batasuna suponía otro intento de despolitizar el proceso y tratar de reducirlo a una cuestión de tipo «técnico».

En paralelo, quedaron incumplidos totalmente los compromisos relativos al PSN. No habría reunión alguna entre representantes de este partido y de la izquierda abertzale.

Además, agotado ya julio, en agosto volverían a producirse citaciones a mahaikides con ocasión de la habitual manifestación previa a la Aste Nagusia de Donostia.

Los negociadores de la izquierda abertzale volverían a verse obligados a salir a la palestra, pero para hablar ahora por vez primera en términos como «crisis» y «bloqueo».

EN PRIVADO

En la reunión del 29 de mayo, sin cámaras, el PSOE aceptó cerrar un acuerdo a partir del guión político de Batasuna, poner la mesa de partidos en marcha en el mes de octubre y tratar de incorporar al diálogo al PSN.

EN Público

Un día después, Patxi López admitió que esta formación era «un interlocutor necesario», pero tras la reunión del 6 de julio dijo que sólo se había entrevistado con Batasuna para exigirle que se legalizara.

22 DE MARZO

Tras el alto el fuego, Zapatero afirma que «la democracia siempre sabe resolver hasta los problemas más difíciles». Pero abre un periodo de «verificación».

29 de marzo

El interlocutor de Batasuna Arnaldo Otegi es encarcelado y se le impone una fianza de 250.000 euros. Se suceden las citaciones a «mahaikides».

4 de mayo

Tras una reunión pública entre Zapatero y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se patenta el concepto de «primero la paz, luego la política», para distanciar la mesa.

29 de MAYO

Reunión secreta PSE-Batasuna. Se acuerda alcanzar un acuerdo antes del 31 de julio. Zapatero admite que cabe compatibilizar el proceso político y el de pacificación.

6 de julio

Reunión pública entre PSE y Batasuna, que debe servir para normalizar la relación. López afirma a la salida que han acudido sólo a exigir a Batasuna que se legalice.

31 de julio

El plazo previsto para el acuerdo que ponga en marcha la mesa concluye sin novedad. El PSE argumenta que es periodo vacacional. El PSN sigue sin sumarse al diálogo.

Contenido de la reunión PSOE-Batasuna del 29 de mayo

1. Declaración pública y oficial del PSE antes del 31 de mayo: Se estableció que su secretario general, Patxi López, la materializara a través de una entrevista radiofónica. Fue el día 30 de mayo, cuando anunció la reunión con la izquierda abertzale y el compromiso de pasar de las conversaciones a las negociaciones para formar la mesa de partidos.

2. Declaraciones del PSN: El PSE se comprometió a intentar que el secretario general del PSN, Carlos Chivite, hiciera una declaración pública valorando positivamente la actitud del PSE y citando la necesidad de dar pasos en este terreno.

3. Encuentro y comparecencia pública PSE-Batasuna: Las dos partes aceptaron acordar previamente las características de la reunión y el contenido de las declaraciones posteriores.

4. Inicio de la fase de conversaciones oficiales PSN-Batasuna: Se consensuó que en una primera fase se realizaran sin darles proyección pública.

5. Cierre del acuerdo político para la resolución del conflicto antes del 31 de julio: Ambas partes mostraron su conformidad con esta fecha límite. Se comprometieron además a pactar el desarrollo y el calendario del proceso y el esquema general del acuerdo. Y dieron por buena la fecha de octubre para la puesta en marcha de la mesa de partidos.

6. Legalización de Batasuna: El PSOE defendió como imprescindible la inclusión de este punto. Reclamó que la izquierda abertzale actuara para ello cuanto antes, en verano mismo. Pidió una concreción, pero no hubo tal.

El PSN ni se ha reunido con Batasuna ni tuvo representantes en los contactos con el PSOE

El proceso de diálogo político prolongado y fluido entre representantes de Batasuna y del PSOE -a través de miembros del PSE- no ha tenido reflejo en Nafarroa. Pese a que la cuestión estuvo sobre la mesa en la reunión del 29 de mayo y se lograron acuerdos compromisos para iniciar conversaciones discretas, GARA ha constatado que no sólo no se ha realizado ninguna reunión con el PSN, sino que este partido nunca ha tenido representante alguno en las decenas de reuniones bilaterales entre ambas formaciones.

Esta actitud parece dar pistas de las reticencias del PSOE a abordar la cuestión central de la territorialidad, vetando para ello incluso la vía del diálogo. Significativamente, al otro lado del Bidasoa los dirigentes vascos del PS no han tenido reparo en hablar con la formación abertzale o en reivindicar públicamente el diálogo multipartito. A modo de ejemplo, el mismo día en que López anunciaba la reunión con Batasuna el consejero regional y general del PS Frantxua Maitia confirmaba que «ya nos vemos y hablamos», aunque lamentaba que «las cosas no avanzarán aquí si en España, y particularmente en Euskadi, no se mueven como debe». En este contexto, Maitia defendió la legalización de Batasuna para poner ya en marcha el diálogo multipartito.

Una declaración similar se esperaba hace un año por parte del máximo dirigente del PSN, Carlos Chivite; si bien éste defendió el contacto público entre el PSE y Batasuna, evitó adoptar cualquier iniciativa similar o emprender reuniones incluso aunque se hubieran mantenido al margen de los focos y las cámaras.

El bloqueo al diálogo bilateral en Nafarroa fue paralelo a otro confuso proceso: el de la elección del puesto absolutamente clave de candidato a la Presidencia del Gobierno navarro por parte del PSN. Después de que Carlos Chivite se postulara para ello y fuera descartado expresamente por la dirección del PSOE, que rechazó también la opción de utilizar la fórmula de las elecciones primarias, se abrieron perspectivas de que la decisión final derivara en una mayor apertura hacia el diálogo con la izquierda abertzale.

Finalmente -y tras filtrarse nombres como los del delegado del Gobierno Vicente Ripa, el diputado Juan Moscoso o la Defensora del Pueblo en Nafarroa María Jesús Aranda-, el elegido por Ferraz fue Fernando Puras, portavoz del PSN en el Parlamento y en la práctica muy cercano políticamente a Chivite. El PSOE y el PSN pusieron mucho interés en resaltar que el nombre había sido consensuado por ambas partes, en una decisión en la que Chivite habría tenido mucho peso.

La llegada de Puras no ha cambiado nada. Poco después se ponía en marcha el intento frustrado de llegar a un acuerdo que hubiera resuelto el conflicto, en Loiola, pero allí no estuvo Puras ni Chivite ni ningún otro miembro del PSN.

En los últimos meses, además, el partido se ha enrocado en torno a la defensa del actual estatus, cada vez con más claridad, aparcando algunos movimientos menores de Chivite como su propuesta de realizar por vez primera un referéndum sobre el Amejoramiento después de introducir algunos cambios más cosméticos que de fondo.

Como botones de muestra quedan el rechazo sin medias tintas a la propuesta del Anaitasuna, la declaración solemne de adhesión al marco actual hecha por el PSN en la víspera de la manifestación de la derecha españolista del pasado 17 de marzo, o la tajante afirmación de Puras en un mitin anteayer en Iruñea: «He dicho y vuelvo a repetir que no habrá cambio en el estatus, y que no se creará un órgano `ex novo’ entre la Comunidad Foral de Navarrra y la CAV. ¿te queda claro?», indicó a Miguel Sanz. Y a Rajoy le dijo que «aunque te duela, Mariano, Zapatero es garantía para Navarra, y lo sabes».

Unos magistrados muy conocidos en Euskal Herria

Unos magistrados muy conocidos en Euskal Herria
GASTEIZ Entre los doce magistrados que ayer decidieron mantener la situación de prisión de Iñaki de Juana se encuentran algunos nombres muy conocidos en Euskal Herria, por haberse encargado de juzgar o instruir sumarios contra ciudadanos y organismos de este país. La docena de jueces la componen Alfonso Guevara, Angela Murillo, María Teresa Palacios, María de los Angeles Barreiro Avellaneda, Julio de Diego López, Juan Francisco Martell Rivero, Nicolás Póveda Peña, Fernando Grande-Marlaska, Ricardo Rodríguez Fernández, Fermín Echarri y Flor María Luisa Sánchez. Guevara fue el presidente de la Sala en el juicio del «caso Jarrai-Haika-Segi» y sus histriónicas maneras de comportarse pudieron verse en toda Euskal Herria. Murillo y Póveda son dos de los jueces del tribunal que juzga el macrosumario 18/98. Rodríguez Fernández, Echarri y Sánchez fueron quienes condenaron a Iñaki de Juana, y Grande-Marlaska es el último de los «jueces estrella».

La clave del Acuerdo ETA-Zapatero

 

La reunión ETA-Gobierno situó la clave en el acuerdo entre las fuerzas vascas
·ETA presentó una propuesta a desarrollar en varios años, de lograrse el acuerdo político

Los representantes del Gobierno español y ETA, reunidos por última vez la primera quincena de diciembre, confirmaron la situación de bloqueo del proceso, según ha podido saber GARA tras la aparición de numerosas informaciones sobre este encuentro. Durante la reunión, se situó el acuerdo político a lograr entre las fuerzas vascas como el elemento clave para el desbloqueo. En cualquier caso, ambas partes se cruzaron propuestas, y ETA, en concreto, presentó una de carácter global para el desarrollo del proceso en los próximos años, para el caso de que se lograse el citado acuerdo político.

DONOSTIA

La última reunión celebrada entre representantes oficiales de ETA y el Gobierno español no permitió «superar el colapso» del proceso, como anunció la filtración realizada pocos días después del encuentro, pero sí situó el acuerdo político entre partidos vascos como el elemento clave que debiera posibilitar su desbloqueo, según ha podido confirmar GARA, después de que hayan transcendidos informaciones que apuntan en ese sentido. Esta misma semana, el periódico digital “El Confidencial” indicaba, aunque en medio de numerosos datos de dudosa fiabilidad, que la importancia de la mesa de partidos estuvo muy presente en esa reunión, celebrada en la primera quincena de diciembre.

Tras las numerosas filtraciones registradas en las últimas semanas sobre esta entrevista entre ETA y el Gobierno, GARA ha podido confirmar que, en este encuentro, ambas partes asumieron la situación de bloqueo del proceso, al tiempo que abordaron propuestas concretas para poder superarla.

Sobre el estado de las cosas, las informaciones en prensa han ido variando, pues si en la primera filtración, publicada por “El Correo” pocos días después del contacto, se afirmaba que se había «superado el colapso», las siguientes, aparecidas de la mano de la agencia Vasco Press justo tras el atentado de Barajas, tenían un tono menos optimista. Según esta versión, la reunión concluyó «sin alcanzar acuerdo alguno, aunque sin romper las conversaciones», por lo que «los enviados gubernamentales tenían la impresión de que la tregua no se iba a quebrar a corto plazo». Artículos más recientes, como el publicado por “El Diario Vasco” el primer fin de semana de enero, cuentan con un tono más severo: «El último encuentro [...] sirvió para constatar las profundas diferencias que separaban a los representantes del Gobierno y de ETA, y para poner sobre la mesa un listado mutuo de agravios y reproches por incumplimientos del pasado».

Al hilo de todas estas informaciones ­en muchos casos contradictorias y que ni siquiera se ponen de acuerdo en la fecha y lugar del encuentro: en Ankara, el 14 de diciembre, para algunos, y en una ciudad alemana sin determinar, el 9 y 10 de diciembre, según otros­, GARA sí ha podido corroborar que, en la reunión, después de constatar el bloqueo, ambas partes convinieron que, si bien el proceso cuenta con dos carriles diferenciados, las dos mesas de negociación deben complementarse y desarrollarse para que el proceso avance.

Seguir negociando

A tenor de la información recabada por este diario, tanto el Gobierno como ETA situaron el acuerdo político entre partidos vascos como el elemento clave que debe posibilitar el desbloqueo. A este respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se comprometió a no obstaculizar la negociación entre las fuerzas vascas para que éstas pudieran alcanzar un acuerdo.

Si bien ambas partes mostraron su voluntad de seguir negociando en un momento crítico del proceso, quedó sentado que sería el acuerdo político a alcanzar en la otra mesa de negociación la piedra angular que marcaría el devenir de la mesa entre ETA y el Gobierno español. «Así lo entendieron todas las partes», afirman a GARA las fuentes consultadas.

ETA presentó una propuesta global
En la reunión, ETApresentó a los representantes del Gobierno español una propuesta global para desarrollar el proceso durante los próximos años en caso de que se alcance un acuerdo político que permita resolver el conflicto. En ese contexto, reafirmó todos sus compromisos y su voluntad de seguir con el proceso. Según el criterio marcado, la citada propuesta global, y otras de la parte española, debieran ser analizadas por ambas partes, siempre y cuando el Gobierno no dé, como ha anunciado tras el atentado de Barajas, «punto y final» al diálogo. –

Exigencia de respeto a los derechos de los presos
DONOSTIA

Informaciones de diarios digitales, que citan como referencia comentarios en privado del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntan a que ETA se negó a hablar de presos durante la reunión, salvo de Iñaki de Juana. Según la información obtenida por GARA, la organización armada exigió que se respeten los derechos del colectivo de presos y que el Gobierno desactive las medidas de excepción que se le aplican, independientemente de que, si se produjeran avances significativos en el proceso, su pretensión sea hablar de la excarcelación de todos los prisioneros vascos.

ETA también remarcó la necesidad de que el Gobierno cumpla todas las garantías establecidas en los acuerdos que dieron lugar al alto el fuego, y advirtió del peligro de que nuevos ataques policiales y judiciales puedan reventar el proceso, así como de las consecuencias que de la situación extrema de Iñaki de Juana puedan derivarse, e hizo responsable de todo ello al Gobierno.

La reunión ETA-Gobierno situó la clave en el acuerdo entre las fuerzas vascas

 

PROZESUA EUSKAL HERRIAN
La última reunión entre ETA-Gobierno situó la clave en el acuerdo político
La última reunión que celebraron representantes del Gobierno español y de ETA en diciembre situó la clave del desbloqueo del proceso en el acuerdo político a alcanzar entre las fuerzas vascas. ETA presentó una propuesta a desarrollar en los próximos años.DONOSTIA-. Según ha podido saber GARA, en esa última reunión, ambas partes asumieron la situación de bloqueo del proceso, al tiempo que abordaron propuestas concretas para poder superarlo.Así, después de constatar el bloqueo, ambas partes convinieron que, si bien el proceso cuenta con dos carriles diferenciados, las dos mesas de negociación deben complementarse y desarrollarse para que el proceso avance.Tanto el Gobierno español como ETA situaron el acuerdo político entre partidos vascos como el elemento clave que debe posibilitar el desbloqueo. A este respecto, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a no obstaculizar la negociación entre las fuerzas vascas para que éstas pudieran alcanzar un acuerdo.

En la reunión, por otro lado, la organización armada vasca presentó a los representantes del Gobierno español una propuesta global para desarrollar el proceso durante los próximos años en caso de que se alcance un acuerdo político que permita resolver el conflicto.

ETA, además, exigió que se respeten los derechos del colectivo de presos y que el Gobierno desactive las medidas de excepción que se le aplican.
 

Gobierno y ETA celebraron varias reuniones oficiales desde marzo

 

GARA REVELA LOS COMPROMISOS DE ZAPATERO CON ETA

· Gobierno y ETA celebraron varias reuniones oficiales desde marzo
·Todos los encuentros se han producido bajo el amparo de gobiernos europeos

Según confirman fuentes de toda solvencia, representantes oficiales del Ejecutivo español y de ETA han mantenido varias reuniones desde que la organización armada anunciara su alto el fuego permanente. GARA ha podido corroborar que el encuentro celebrado en la primera quincena de diciembre no fue el único, ni el primero, y que, en todos los casos, estas reuniones fueron amparadas por gobiernos de diferentes países europeos, contando con la presencia de un conocido centro internacional en funciones de notaría. En su entrevista en “El País”, Zapatero rehuye hablar de estos contactos.

DONOSTIA Ni una ni dos, sino alguna o algunas más, han sido las ocasiones en las que se han reunido representantes del Gobierno español y ETA en los últimos meses, después de la declaración de alto el fuego permanente de marzo. GARA ha podido corroborar este dato tanto en fuentes de la izquierda abertzale como del PSE.La posibilidad de que ambas partes hubiesen celebrado determinadas reuniones ha aparecido en diferentes momentos durante estos nueve meses, también en medios de comunicación de fuera del Estado español. La información a este respecto que mayor repercusión ha tenido fue la publicada el pasado 20 de diciembre por “El Correo”.Sin embargo, la noticia del diario vizcaino contenía notables inexactitudes, al afirmar que se trataba del primer encuentro que se celebraba de forma oficial entre ambas partes. Además de este error objetivo, también cabe dudar sobre la interpretación o la intencionalidad de la información, que aseguraba que la reunión había permitido «afianzar la tregua y superar el colapso que se vivía desde hace meses».El rotativo añadía que «fuentes gubernamentales» esperaban un «gesto significativo» por parte de la izquierda abertzale en las siguientes semanas, con lo que se recreaba la impresión de que la crisis del proceso estaba ya prácticamente superada. Lo único cierto es que la celebración de la reunión se filtró muy pocos días después de realizarse, y que las únicas fuentes que se citaban en la información eran las mencionadas «fuentes gubernamentales».La tesis de que hasta ese momento no se había producido encuentro alguno ha sido alimentada en otras ocasiones, de forma notoria por parte del portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor, que llegó a afirmar, el día 9 de diciembre, que el pasado verano la organización armada rehusó reunirse con el Gobierno. «No contestó a la llamada, por las razones que fuera», manifestó el portavoz parlamentario.Las palabras de Pastor adquirieron un notable eco, hasta el punto de que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, lo desautorizó de forma categórica: «Hay mucha gente que no sabe de lo que habla, y los que sabemos, no hablamos».

En Europa Según las fuentes consultadas por GARA y que, en todos los casos con grandes dosis de reserva, han confirmado la existencia de varias reuniones entre ETA y el Ejecutivo de Madrid, los encuentros se han celebrado en todos los casos bajo el amparo de gobiernos de diferentes países europeos y con la presencia de un conocido centro internacional realizando funciones de notaría.Estos encuentros oficiales se suman a las numerosas negociaciones desarrolladas entre representantes de ETA y el Gobierno español antes de que la primera decretara el alto el fuego en marzo pasado, reuniones que dieron como resultado los acuerdos en los que se ha sustentado el proceso y cuyo contenido fue dado a conocer por este periódico el pasado mes de julio.Las negociaciones previas propiciaron el alto el fuego
 

GARA, DONOSTIA. Los encuentros registrados desde marzo dieron continuidad a los habidos ya antes del alto el fuego y que permitieron alcanzar una serie de compromisos y garantías para desarrollar el proceso.Así, lo pactado recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa Garaia, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos.El Ejecutivo se comprometía también a aceptar sin ninguna limitación el contenido del acuerdo político alcanzado entre las formaciones vascas, y se establecía que la legislación vigente no sería una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio. El Gobierno adquiría también el compromiso de lograr un pacto de Estado basado en esos principios.Asimismo, se comprometía a cumplir una serie de garantías: la disminución de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales; el respeto «de facto» de la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de formaciones y sin limitaciones de derechos; y que no hubiera detenciones por parte de los diferentes cuerpos policiales.ETA, por su parte, se comprometía a decretar un alto el fuego permanente, y a no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos.

GARA REVELA LOS COMPROMISOS DE ZAPATERO CON ETA

Entrevista a Arnaldo OTEGI, portavoz de la ilegalizada Batasuna

«Se necesita un chequeo y hablar para superar todos los obstáculos»
·Apostamos por un proceso con contenido político y con respeto entre las partes

«Hay que seguir trabajando para reconstruir las bases que permitan hacer un proceso, y en eso estamos». Así se expresa Arnaldo Otegi en una entrevista a GARA en la que remarca el concepto de que «apostamos por un proceso con contenidos políticos y con respeto entre las partes». Batasuna entiende que lo que procede es «hacer un chequeo» de lo ocurrido «y empezar a hablar para superar todos los obstáculos. Y cuando digo todos, digo todos», añade Otegi.

Arnaldo Otegi se muestra convencido de que «todo esto será pasajero» y cree que los puentes que se han tendido en los últimos años permitirán construir un escenario diferente para hacer avanzar un proceso con contenidos políticos y respeto entre las partes. ­¿Qué ha fallado hasta ahora? Desde nuestro vista ­y puede haber otros igual de legítimos­, lo que ha impedido estabilizar el proceso ha sido la falta de compromiso del Gobierno español por mantener unas condiciones de respeto y democráticas para que se pudiera desa- rrollar. Y ha faltado también la voluntad suficiente en el PSOE y en el PNV para poner encima de la mesa unas bases que fueran lo bastante sólidas. Pero de ahí yo no extraería la conclusión de que el proceso no tenga posibilidades de avance. Hay que entender el proceso en términos dinámicos y, además, el proceso no tiene alternativa.­Después de años de conversaciones se dijo que este proceso tenía bases sólidas. ¿Se sienten engañados por el PSOE o las cosas no estaban tan atadas como parecía? Las cosas estaban suficientemente atadas, lo que ocurre es que hay ciertos compromisos que no se han cumplido. Todo el mundo entiende que es de sentido común que, hubiera o no un pacto, el proceso tenía que tener contenido político y debía darse en condiciones democráticas. En términos políticos no podemos hablar de si nos sentimos engañados o no por el PSOE. Probablemente todas las partes tengan alguna razón para sentirse engañadas. La cuestión no es ésa, sino hacer un balance de los nueve meses y certificar quién ha estado permanentemente, incluso esta misma semana, haciendo una apuesta por que el proceso siga adelante y tenga bases sólidas, que es el caso de la izquierda abertzale, y quién se está situando en una especie de Pacto de Ajuria Enea 2 que no nos va a llevar a la solución. Pero yo estoy convencido de que todo esto será pasajero si hay verdadera voluntad de avanzar.­¿Por qué cree que no se atendieron las constantes advertencias de la izquierda abertzale de que las cosas iban mal? Quizá porque entendían que la izquierda abertzale, por su grado de compromiso con el proceso, aguantaría todo lo que se hiciera. Y es cierto que durante los nueve meses la izquierda abertzale ha mantenido su apuesta sincera por el proceso a pesar de la agresión constante que ha padecido. Nosotros nunca hemos puesto condiciones para que el proceso avance. Quizá pensaron que podían continuar con la dinámica de agresiones hasta la eternidad. En todo caso, quisiera subrayar que, a pesar de que las agresiones contra el pueblo vasco son un hecho grave que debe corregirse con un proceso con condiciones democráticas, lo más preocupante es que alguien nos quiera convencer de que apuesta sinceramente por un proceso que ­como dijo el presidente del Gobierno en el Congreso­ al final va a pasar por el respeto a lo que decidan los vascos, si desde el inicio del proceso de conversaciones no se respeta lo que dicen los vascos y se agrede a una parte de ellos. Eso es lo grave. ¿Qué modelo de proceso quieren? Nosotros queremos un modelo de proceso con respeto entre las partes, sin agresiones de ninguna parte contra ninguna otra. Queremos un modelo de proceso de entendimiento mutuo y acuerdo. Si ellos quieren otro, que es lo que han demostrado, tendrán que explicar cuál es el modelo y qué objetivo tiene.­¿Tenía el Gobierno español el cálculo de que ETA estaba derrotada y eso ha influido en su forma de actuar?

Quizá el Gobierno español y los servicios de inteligencia hicieran cálculos de ese tipo, pero yo estoy convencido de que en el Gobierno y en el PSOE hay sectores suficientemente lúcidos para entender cuál ha sido la historia de la izquierda abertzale y de la propia ETA y saber que ése era un cálculo erróneo.

­¿Han observado un antes y un después del nombramiento de Pérez Rubalcaba como ministro de Interior?

Si hubiera voluntad sincera de superar el conflicto las cosas se solucionan, independientemente de quién esté en la sala de mandos del proceso. Sabemos que hay especulaciones sobre su papel y que puede haber distintos sectores en el PSOE, pero si este partido quiere liderar unas segunda transición y reforma del Estado español en términos democráticos necesita estabilizar y dar solución al conflicto vasco.­Ha hablado de lo que han hecho mal otros, pero ¿qué ha hecho mal la izquierda abertzale?

Hacemos autocrítica constantemente y sabemos que hay cosas que hemos hecho mal. A diferencia de otros, nosotros estamos dispuestos a corregir lo que hayamos hecho mal. Y también estamos dispuestos a entender las dificultades del resto y los problemas que realmente son razonables y a aportar soluciones para esos problemas. Y creo que esta semana hemos dado un buen ejemplo de ello.­Y ahora, ¿qué?

A seguir trabajando para reconstruir las bases que permitan hacer un proceso. Y en eso estamos.­Pero todo lo que han dicho públicamente es tachado de insuficiente por el resto…

Esa es una técnica muy habitual. Se ha dado también en otros procesos, en otros lugares del mundo. Ocurría en Irlanda, donde siempre era insuficiente lo que hacía el movimiento republicano. Nosotros estamos convencidos de que durante años hemos trabajado las condiciones que permitían una oportunidad histórica. Somos los que en Anoeta propusimos un método con dos espacios de negociación diferenciados en contenidos y protagonistas para dar solución al conflicto. Y recuerdo que también se dijo que era insuficiente.Somos los que hemos trabajado una oportunidad que llevó a ETA a declarar un alto el fuego el 22 de marzo. Y somos los que esta semana hemos hecho un llamamiento a ETA para que mantenga sus compromisos. Podemos entender que eso sea insuficiente para el resto de agentes, lo que queremos saber es qué pasos insuficientes están dispuestos a dar ellos para desactivar sus instrumentos de violencia y sentarse con nosotros a acordar bases para el proceso.­Los gobiernos español y vasco y los partidos aseguran que han perdido la confianza en ETA y que el alto el fuego no tiene ya credibilidad…

Cada cual puede decir lo que quiera de una organización que acaba de reiterar sus compromisos y su alto el fuego. Habría que ver también cuál es el nivel de credibilidad del Gobierno español y del vasco. Si hacemos un debate sobre credibilidades, probablemente todas estén tocadas. Estamos en un momento en el que después de años para construir la confianza, la confianza ha vuelto a desaparecer. Resultan significativos algunos movimientos de estos días. Aquí, como en Irlanda tras el atentado de Canary Wharf [con el que el IRA rompió una tregua de 17 meses], se alzan voces por el apartheid y el aislamiento. Pero eso no nos va a conducir a generar confianza y construir bases sólidas para un proceso.Todo el mundo sabe que eso no lleva a la solución. Lo que ocurre estos días muestra el tipo de modelo de proceso por el que apostaban algunos, también el PNV de Josu Jon Imaz. En todo caso, la izquierda abertzale sigue haciendo una apuesta por un modelo de conversaciones políticas con contenidos políticos para resolver definitivamente el conflicto yendo a sus raíces, definiendo si somos o no una nación, cuál es su territorio, cómo se articula ese territorio y si tenemos o no derecho a decidir, que es a lo que tienen que responder los «demócratas».En segundo lugar, hay que hacer eso en condiciones democráticas. El compromiso de la izquierda abertzale es que eso se debe hacer sin ningún tipo de violencia, injerencia o coacción. Esa es nuestra apuesta.

­¿Cómo se reconstruyen ahora las confianzas?

Hay gente que dice que la izquierda abertzale tiene que dar nuevos pasos. Nosotros ya hemos demostrado que hemos dado pasos y estamos dispuestos a dar más pasos.Queremos saber cuándo están otros dispuestos a empezar a andar. En Anoeta, con el alto del fuego y esta semana se ha hablado de pasos de la izquierda abertzale que eran insuficientes pero eran pasos. Yo no recuerdo más paso del Gobierno español en la buena dirección que la declaración en el Congreso. A ver cuándo dan pasos los demás, aunque sean insuficientes. Si la pregunta a la izquierda abertzale es si está dispuesta a dar más pasos, la respuesta es sí.­El lunes Batasuna hizo un triple emplazamiento. Lo que hagan el Gobierno y ETA será cosa de ellos pero… ¿qué deben hacer ahora Batasuna y el resto de partidos?

Lo primero, no romper puentes de diálogo político. Situarse en una posición de no-diálogo como ha hecho el PSOE no lo consideramos razonable. Nosotros podemos entender sus dificultades en esta coyuntura concreta, pero hay que recordar que la oportunidad que se abrió con el alto el fuego se debió a que durante años hubo un puente abierto, aunque no oficial, entre el Partido Socialista y la izquierda abertzale. Después de todo el camino que hemos recorrido, después de todo el trabajo que hemos hecho, no podemos volver a la situación anterior al 22 de marzo. Lo que hay que hacer es un chequeo al proceso y empezar a hablar para superar todos los obstáculos que hay encima de la mesa. Y cuando digo todos, digo todos. Para eso hace falta poner en marcha la propuesta de Anoeta, mantener los espacios de diálogo y propiciar un clima que permita el proceso democrático.Eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo.­¿Siguen tendidos los puentes con todos los partidos excepto el PP?

Creo que todos los puentes están abiertos, aun entendiendo que en este momento el PSOE ha decidido cerrar los suyos. Pero estoy convencido de que todos se volverán a abrir en el futuro inmediato si de verdad hay voluntad sincera de buscar soluciones.Eso es lo que quiere el pueblo vasco y eso es lo que garantiza que haya soluciones democráticas. Esos puentes debieran permitir construir un escenario diferente para lanzar un proceso con contenidos políticos y que se desarrolle sin ningún tipo de violencia.­Dice Josu Jon Imaz que han perdido su condición de interlocutores políticos…

No vamos a entrar en ese tipo de ataques. Lo que sí hemos constatado en estos meses es que las posiciones del PNV y las del PSOE han sido siempre idénticas, no sólo similares, durante todo el proceso de conversaciones. Parecía que Zapatero hablaba también por boca del PNV.­A lo largo de esta semana les han pedido varias veces que sean como el Sinn Féin…

Quienes hablan así o son unos iletrados, unos incultos, o tienen mala fe. Yo les regalaría el libro de memorias de Gerry Adams para que lo repasen. Especialmente el capítulo en el que Gerry Adams mantiene iniciativas como las que ha mantenido Batasuna esta semana tras el atentado de Canary Wharf. ¿De qué Gerry Adams hablan? ¿Del preso republicano irlandés? ¿De qué Sinn Féin? ¿Del que plantea la lucha armada como alternativa en los años 70? ¿Del que se ha negado permanentemente a condenar las acciones armadas del IRA? Nosotros no somos el Sinn Féin, somos la izquierda abertzale y a lo largo de los años hemos acreditado que tenemos la autoridad y el perfil político suficiente para tomar iniciativas políticas arriesgadas. Batasuna va a seguir manteniendo la posición que le permita que sus ámbitos de influencia, muchos o pocos, sirvan para ir superando obstáculos. Y en el futuro eso volverá a quedar acreditado, sin lugar a duda.­Se ha dicho que en las conversaciones entre partidos se había llegado casi a un acuerdo a mediados de noviembre y llegó ETA y mandó parar…

Lo de la tutela de ETA es una auténtica falsedad. El escollo, el desacuerdo, fue político. La izquierda abertzale considera que una reforma estatutaria no soluciona el conflicto político, que la división territorial no soluciona el conflicto político y que la falta del derecho a decidir no soluciona el conflicto político.­¿Contemplan nuevas operaciones policiales? ¿Temen volver a la cárcel, como ya se está anunciando?

Puede haber un incremento de la represión o, al menos, la tentación de ensayar recetas del pasado. Hemos hecho una apelación a que eso no suceda porque nos retrotraería a escenarios del pasado. La represión no va a solucionar las cosas ni favorece al proceso.­¿Esperan contar con candidaturas legales en las próximas elecciones?

Alguien nos tendrá que explicar si un escenario electoral en mayo en el que se impide participar a la izquierda abertzale favorece al proceso. Que la izquierda abertzale pueda participar en los comicios y ocupar los escaños que el pueblo le otorgue libre y democráticamente sería un factor que de modo gráfico apuntaría en la buena dirección. Nosotros no contemplamos otro escenario.­¿Les ha defraudado Ibarretxe con la gestión de la manifestación?

Creo que todo el enfado que en estos días ha manifestado Josu Jon Imaz contra la izquierda abertzale no iba tan dirigido a la izquierda abertzale como al lehendakari. Antes de la convocatoria del lehendakari, PNV y PSEestaban tratando de convocar una manifestación en términos netos contra ETA a través de Gesto por la Paz. El lema elegido inicialmente por el lehendakari nos parecía acertado, porque era en positivo y constructivo: queremos hacer proceso, queremos hablar y queremos la paz. Al final, el lehendakari se plegó a las presiones de determinados sectores que incluyó un latiguillo que buscaba más la no presencia de la izquierda abertzale que una apuesta en positivo. Esa es su responsabilidad.

«Se necesita un chequeo y hablar para superar todos los obstáculos»